ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -
La jueza de Alicante que investiga las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) del Residencial Les Naus, ubicado en la Playa de San Juan, ha denegado las solicitudes presentadas por las defensas de tres de los 18 investigados de decretar el sobreseimiento libre de la causa.
Se trata de peticiones de archivo que hicieron una arquitecta municipal que resultó adjudicataria de uno de estos inmuebles y que, además, es pareja del funcionario, igualmente imputado, de la Conselleria de Vivienda responsable de los visados de esta promoción; y de otros dos beneficiarios investigados.
La instructora, en dos autos con fecha de este miércoles, señala que esas peticiones resultan prematuras, ya que la investigación no ha concluido y quedan diligencias pendientes de practicar que tienen relevancia para el esclarecimiento de los hechos, entre ellas un informe solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Concretamente, en una de las resoluciones judiciales emitidas, la jueza se refiere a ese dictamen pedido a la UDEF como una "diligencia que reviste especial relevancia para el análisis de las circunstancias investigadas y para la comprobación de extremos fácticos que pueden resultar determinantes a efectos de valorar la concurrencia o no de indicios de infracción penal".
"La ausencia de dicho informe impide, en el momento actual, disponer de un cuadro indiciario completo que permita efectuar un juicio definitivo sobre la tipicidad de los hechos y sobre la eventual participación de las personas investigadas. En consecuencia, la petición de sobreseimiento debe reputarse prematura", añade.
18 INVESTIGADOS
En la causa judicial sobre las adjudicaciones hay 18 personas investigadas. Entre ellas, además de estos tres beneficiarios de inmuebles cuyas peticiones de archivo ha denegado ahora la jueza, están la exconcejala de Urbanismo por el PP Rocío Gómez, quien también fue adjudicataria de una VPP.
Igualmente, está imputada la exdirectora general en el consistorio alicantino María Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino fueron adjudicatarios. Tanto Gómez como ella dimitieron de sus cargos tras conocerse públicamente estos hechos, aunque Pérez-Hickman sigue siendo jefa de Contratación.
Del mismo modo, están investigados el presidente, la vicepresidenta y la secretaria del consejo rector de la cooperativa del residencial, quienes están citados a declarar el próximo 9 de noviembre.
Entre los imputados hay también funcionarios del Ayuntamiento y de la Conselleria, incluido el responsable de los visados, además de adjudicatarios de pisos y el promotor, Francisco Ordiñana, administrador único de la mercantil Fraorgi.
