Llorca destaca que la investigación de Fiscalía a Catalá y Chao "no supone imputación" y alaba la labor de la alcaldesa

   VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha subrayado su "respeto por cualquier tipo de investigación" --al hilo de las diligencias abiertas por Fiscalía a la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta del Puerto, Mar Chao, en relación con una supuesta "recolocación" de personal público "a dedo"--, al tiempo que ha remarcado que esto no supone "ninguna imputación ni se habla de ningún procesamiento".

   "No tengo ninguna información y no voy a hacer ningún tipo de valoración, porque no se habla de ninguna imputación ni de ningún procesamiento. Simplemente se habla de que se está investigando y es una función que le corresponde a la justicia y que le corresponde a la fiscalía".

   Así lo ha manifestado el jefe del Consell a preguntas de los medios

   sobre el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya abierto diligencias de investigación contra la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta del Puerto, Mar Chao, por presunta prevaricación, en relación con una supuesta "recolocación" de personal público "a dedo".

   Pérez Llorca ha señalado que "es cierto que respecto a la directora del Puerto ya viene tiempo sacándose muchas noticias negativas, pero que luego la realidad es que no van las cosas mal".

   "Por lo tanto, saben que yo siempre muestro muchísimo respeto por cualquier tipo de investigación, pero yo creo totalmente en el buen hacer de una fantástica alcaldesa que tiene la ciudad de València", ha resuelto el dirigente autonómico.

   Según ha adelantado The Objective y ha confirmado Europa Press, las diligencias de investigación se dirigen contra Catalá, Chao, las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet y cuatro trabajadores públicos por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Según un decreto de la Fiscalía del pasado 11 de marzo, se ha designado ya fiscal instructor.

   El caso surge de una denuncia interpuesta por el grupo municipal Compromís de València en relación con la creación de puestos de trabajo en diferentes entidades municipales para personal del Consorcio Valencia 2007, entidad liquidada que gestionaba La Marina y estaba integrada por el Gobierno, la Generalitat y el Ayuntamiento.