Nomdedéu y Fiscalía piden el archivo de la causa por el "caso de los sobres" y la acusación solicita nuevas diligencias

CASTELLÓ 2 Oct. (EUROPA PRESS) - -

La Fiscalía y el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, la exvicealcaldesa de Castelló Ali Brancal y el exasesor de Compromís Miquel Torres han solicitado el sobreseimiento de la causa que se abrió contra los tres tras una querella interpuesta por el PP por supuestamente utilizar el servicio postal municipal del Ayuntamiento de la capital de La Plana para enviar papeletas electorales en 2014.

Así lo han confirmado ante los medios de comunicación algunas de las partes, que han comparecido este viernes en el juzgado de instrucción número 2 de Castellón.

Durante la comparecencia, la letrada de la acusación, María Jesús Domingo, ha indicado que cada parte ha manifestado "lo que tenía por conveniente y ahora se resolverá mediante auto". Así, según ha dicho, ella ha pedido que continúe el procedimiento contra los tres querellados, así como la práctica de nuevas diligencias -pruebas testificales y un oficio a la Policía informática-.

Los querellados han declinado realizar declaraciones a la salida de los juzgados. No obstante, Compromís ha remitido un comunicado en el que señala que confía en la justicia para la resolución de este caso y añade que ha pedido también el archivo inmediato, "atendiendo a varios hechos que resultan muy claros".

Así, Compromís ha hecho referencia al hecho de que la Fiscalía, por segunda vez, pida el archivo "por no considerar que existan indicios suficientes contra los investigados"; a "la rotura de la cadena de custodia de los catorce sobres que aportó como prueba el querellante, entonces regidor del PP, quién los conservó en su poder durante cuatro años" y, en definitiva, y entre otras consideraciones, a la "clara intencionalidad política de la querella", como lo demuestra el hecho de que el querellante, cargo del PP, "no denunciara en el 2014, sino que esperara cuatro años para hacerlo".

En el auto del juzgado de instrucción número 2 en el que se citaba a las partes a comparecer este viernes, se disponía la incoacción de procedimiento para el Juicio ante el Tribunal del Jurado.

LA CAUSA SE ARCHIVÓ EN 2019

La causa fue archivada en noviembre de 2019 después de que lo solicitara la Fiscalía. Sin embargo, posteriormente la sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón revocó el auto de sobreseimiento provisional de la causa dictado por el Juzgado de Instrucción 2 de Castelló y ordenó continuar con el procedimiento tras estimar un recurso de apelación presentado por el PP.

En dicho auto, la Audiencia consideró que de la instrucción seguida "resultan suficientes indicios racionales de criminalidad para no descartar la participación" de los tres investigados en la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos, por el envío en 2014 de sobres con propaganda electoral de Compromís a cargo del presupuesto municipal.

Compromís ha asegurado que en aquel momento, la Audiencia Provincial estimó el recurso del PP contra el auto de archivo, "apartándose diametralmente de su jurisprudencia reciente, en la cual propugnaba evitar la celebración de juicios innecesarios y que las acusaciones tenían que ser razonables y de cierta calidad". "Este argumento, por ejemplo, fue usado por la propia Audiencia el noviembre de 2019 a favor de Francisco Martínez, anterior vicepresidente provincial y miembro del PP", ha añadido la coalición.

Compromís ha subrayado que la querella hace referencia a la presunta comisión de malversación de fondos públicos, "en un importe que la propia Audiencia Provincial reconoce que podría estimarse en un total de nueve euros", es decir, "el importe del franqueo de los sobres retenidos por el PP y aportados como prueba".

Nomdedéu y Brancal declararon en julio de 2018 como investigados ante el juzgado de instrucción 2 de Castellón en su condición de querellados tras recibir una querella, en la que se les atribuía delitos de malversación y falsedad. Esta circunstancia provocó que Brancal fuese cesada en sus funciones cuando era vicealcaldesa después de que el pleno del Ayuntamiento decidiese aplicarle el Código de Buen Gobierno.