El PP propone en las Corts la creación de una comisión especial de estudio sobre la seguridad ciudadana

Reclama en una iniciativa igualdad de trato en la inversión pública estatal para todas las comunidades autónomas

Europa Press C. Valenciana
Actualizado: martes, 19 septiembre 2006 17:26

VALENCIA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario popular propuso hoy la creación en las Corts de una comisión especial de estudio sobre la seguridad ciudadana para analizar el "impacto" generado por el "incremento" de la delincuencia en la Comunitat Valenciana y las posibles medidas que permitan prevenir y combatir este problema.

El PP, que presentó hoy su solicitud en el registro de la Cámara, pide que comparezcan en esta nueva comisión especial de estudio, que se sumará a las de la sequía y la dependencia, representantes de las distintas administraciones públicas, así como expertos y especialistas en la materia.

Castellano anunció esta solicitud durante el transcurso de una rueda de prensa en la que también dio a conocer dos proposiciones no de ley de su grupo para reclamar al Estado "igualdad de trato" respecto a otras comunidades en la inversión pública y para mostrar el rechazo a la pretensión de la empresa Medoil de realizar prospecciones petrolíferas en la zona central del golfo de Valencia.

El portavoz popular en las Corts, Serafín Castellano, señaló que, a la vista de las nuevos datos ofrecidos por la Fiscalía General del Estado en su memoria anual y "desde la corresponsabilidad", la Cámara "debe" constituir una comisión de estudio que se encargue de analizar la inseguridad ciudadana, un fenómeno "que en los últimos años se incrementa día a día". También justificó la iniciativa por la "dejadez" del Gobierno central y su "falta de medidas, que se traduce en ese incremento de la delincuencia".

Castellano aseguró en este sentido que la memoria de la Fiscalía revela que la criminalidad se ha incrementado en un 12 por ciento en la Comunitat Valenciana y un 28 por ciento en la provincia de Valencia, unos datos, que, según dijo, "hablan por sí mismos". También indicó que las encuestas sociológicas reflejan que la inseguridad ciudadana es, junto a la inmigración, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos valencianos.

Todo ello hace necesario, en su opinión, que se cree esta comisión, con un calendario de trabajo que no podrá ser superior a seis meses y que deberá tener también como cometido la evaluación de "los medios humanos y materiales disponibles en la Comunitat Valenciana para garantizar la seguridad ciudadana a efectos de determinar la suficiencia de los mismos".

INVERSION DEL ESTADO

El PP también solicita, a través de una proposición no de ley, que la Cámara apoye la reivindicación realizada por la Generalitat valenciana de que el acuerdo conseguido para Cataluña en materia de inversión pública "sea extrapolable a la Comunitat Valenciana y el resto de comunidades autónomas españolas".

La iniciativa también pide que las Corts insten al Consell a que "continúe defendiendo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y ante quien en derecho corresponda" que la Comunitat Valenciana reciba una inversión pública estatal en los Presupuestos Generales del Estado para 2007 acorde con su participación en el PIB estatal.

El portavoz popular destacó en este sentido que la aportación de la Comunitat Valenciana al PIB nacional es de un 9,7 por ciento, mientras que la inversión pública de los Presupuestos Generales del Estado a los valencianos se sitúa en un 9 por ciento.

La propia proposición no de ley asegura que "si el acuerdo conseguido para Cataluña es extrapolable al resto de comunidades, la Comunitat Valenciana deberá ver incrementada su inversión pública estatal en esos siete puntos de diferencia, con independencia de la cifra en términos absolutos que depende del crecimiento presupuestario del año que viene".

El síndic popular aseguró que su partido no sólo "no echa de menos" no haber incluido esta reivindicación en la reforma del Estatuto de Autonomía, como sí han hecho otras comunidades, sino que, al contrario, está "orgullosísimo" y "tremendamente satisfecho" de haber actuado con "responsabilidad", "cordura" y "sentido común".

Castellano argumentó que si la negociación fuera ahora, el PP valenciano volvería a hacer "exactamente lo mismo" y se mostró convencido de que la Comunitat "ha dado una lección de cómo se deben hacer las cosas", porque, agregó, un Estatuto no puede establecer bilateralmente la financiación autonómica.

Por el contrario, denunció el "trato discriminatorio" del Gobierno central, al que acusó de favorecer la "crispación y el "conflicto" entre comunidades, y destacó la necesidad de rechazar en la Cámara los "favoritismos" y "privilegios" hacia autonomías como la catalana, para "pagar servidumbres e hipotecas" sólo por "intereses partidistas y sectarios".

Otra de las iniciativas del PP solicita que las Corts "se opongan a la pretensión de la empresa Medoil Plc de realizar prospecciones petrolíferas en la zona central del golfo de Valencia, por las variadas, indudables y reconocidas consecuencias que este tipo de actividad puede tener sobre la biodiversidad de este enclave y los efectos económicos y turísticos que comporta".

Por ello, el PP pide en su propuesta que se inste al Gobierno central a que "se realicen las gestiones necesarias que impidan la autorización definitiva de la solicitud presentada" por la empresa el pasado 28 de abril ante el*Ministerio de Industria. Castellano señaló que mientras "paladines del ecologismo" como la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, "guardan silencio", el PP "quiere defender nuestro medio ambiente" a través de iniciativas como ésta.

LINEA VALENCIA-TARRAGONA

Por otro lado, Castellano indicó que los "constantes incidentes y averías" que se están produciendo en la línea férrea Valencia-Tarragona no sabe si cabe atribuirlos a la "falta de inversiones" por parte del Estado, al "abandono" de las infraestructuras ferroviarias o a su "falta de conservación y mantenimiento", pero cabe exigir "cuanto menos" una "explicación" al Ministerio de Fomento y al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por estas "mermas en la calidad del servicio público".

Contenido patrocinado