VALENCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia denunció hoy que la operación inmobiliaria de Tabacalera "supondrá un pelotazo de más de 168 millones de euros" para la empresa constructora con la "connivencia" de la alcaldesa Rita Barberá. Los concejales Rafael Rubio y Vicente González Móstoles alertaron hoy de que la operación supondrá "importantes beneficios" para la firma "como consecuencia del expolio patrimonial permitido" desde el consistorio.
Rubio explicó que la constructora "obtendrá unos ingresos de aproximadamente 284.630.000 euros por la venta de las viviendas y garajes que va a construir en los dos nuevos edificios de la calle Micer Mascó, ubicados donde antes estuvieron las naves traseras del antiguo complejo industrial, y en el nuevo edificio de la plaza América".
El edil indicó que, según datos de la propia empresa, el metro cuadrado de techo en Micer Mascó "tendrá un coste de 5.000 euros, y cada plaza de garaje, de 39.000 euros", lo que, "a razón de 30.722 metros cuadrados de techo y 300 plazas de garaje, arroja unos ingresos de 165.310.000 euros".
Los 119.320 euros restantes provienen de la venta de los 11.542 metros cuadrados de techo residencial del nuevo edificio que se construirá en el solar del edificio municipal de la plaza de América y de las 100 plazas subterráneas de aparcamiento, a razón de 10.000 euros el metro cuadrado de vivienda y 39.000 euros cada plaza de garaje, según el PSPV.
En cambio, la empresa "sólo ha desembolsado en la operación 116.520.012 euros: 59.950.000 por la adquisición del complejo de Tabacalera, 14.308.012 como pago de la recalificación de la parcela de las naves traseras para hacer posible la construcción de viviendas y 42.262.000 euros por la construcción de los dos nuevos bloques de edificios".
"Con la mala venta, la descatalogación del edifico de Tabacalera y los contactos, la constructora va obtener unos beneficios que superan los 168.109.988 euros cuando el producto esté vendido", dijo Rubio, que lo calificó de "un pelotazo como la copa de un pino". "Lo denunciamos en su momento. Denunciamos que ésta era una operación que se podía hacer sencillamente porque lo autorizaba Barberá, que es quien tenía la capacidad de alterar la calificación patrimonial del edificio, y lo hizo cuando la constructora Guadalmedina entró en la operación al comprar el primer 49% del edificio a Altadis", afirmó Rubio.
Por su parte, Vicente González Móstoles consideró que "estamos en presencia de una actuación ilegítima culturalmente hablando que se convierte en un auténtico expolio patrimonial" y manifestó que la "subordinación de la calidad, conservación y permanencia del patrimonio arquitectónico a los intereses privados es un escándalo".
PGOU 1988
El edil recordó que el Plan General de Ordenación Urbana de 1988 incluyó el conjunto en el catálogo de bienes inmuebles protegidos, que la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat ordenó en 2003 al Ayuntamiento que lo declarara Bien de Relevancia Local, y que la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura notificó al consistorio que, "al estar seleccionado el edificio para el catálogo nacional de patrimonio industrial, le era de aplicación la Ley de Patrimonio Histórico Español que regula el expolio patrimonial". Además, dijo, "tanto el Consell Valencià de Cultura como el Colegio de Arquitectos y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos se manifestaron en contra".
Según González Móstoles, el caso valenciano es "único" en España. Mencionó, como ejemplos, que en Sevilla el edificio de Tabacalera acoge dependencias universitarias; en San Sebastián, ha sido adquirido por el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco para transformarlo en museo; en Málaga, el Ayuntamiento lo ha adquirido para ubicar en el Museo del Coche Antiguo y añadió que la misma política se ha seguido en Tarragona o en Zaragoza, y que en fechas recientes, el Ministerio de Cultura ha anunciado su proyecto para ubicar en la Tabacalera de Madrid el Centro Nacional de Artes Visuales.
