VALENCIA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
El equipo de delitos urbanísticos de la Guardia Civil señala al ex secretario municipal del Ayuntamiento de Canet (Valencia) José Antonio Sancho y al exinterventor del Consorcio de Museos Rafael José Parra como "principales beneficiarios" del dinero desviado en diferentes Ayuntamientos de la Comunitat que también están bajo investigación judicial.
Así se desprende de varios informes --consultados por Europa Press-- elaborados por este organismo e incorporados al procedimiento que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia por presunta corrupción en el que hay tres alcaldes imputados, 11 exalcaldes, un exedil y un excargo del Gobierno valenciano, además de otros asesores, exsecretarios y socios fundadores de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), órgano sin ánimo de lucro que tenía relaciones económicas con consistorios investigados y otras sociedades y asociaciones.
En concreto, este órgano judicial investiga desde finales de 2013 presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública cometidos en algunos ayuntamientos de la Comunitat de diferente signo político. El supuesto fraude consistía en contratar y pagar por informes y trabajos de asesoramiento a empresas externas --la mayoría vinculadas a Sancho y Parra-- que no llegaron a efectuarse. Así, presuntamente se desviaba dinero público.
De los diferentes informes de la Guardia Civil que obran en la causa se desprende que José Antonio Sancho Sempere y Rafael Parra han sido los "principales beneficiarios" del dinero público obtenido obtenido a través de "ilícitas" operaciones económicas realizadas por ambos, así como presuntos responsables de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude y de las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
En relación con Sancho Sempere, la Guardia Civil recopila que habría constituido una "pluralidad" de empresas controladas por él "de forma táctica", si bien registralmente figuraban otras personas, "como medio para la recepción de dinero proveniente de organismos públicos" por realización de supuestos trabajos de los cuales, y en una gran mayoría, únicamente se ha podido constatar la existencia de las facturas de cobro. De esta manera, esas empresas, finalmente y mediante transferencias bancarias amparadas igualmente en supuestos trabajos, remitían el beneficio obtenido a Sancho.
Por su parte, Parra se habría igualmente "beneficiado" del dinero público recibido de distintas administraciones por la realización de supuestos trabajos de los cuales solo se han encontrado las facturas y no los trabajos encargados. No obstante, Parra lo habría gestionado todo a través de su empresa Asesores Económicos Públicos S.L.
Igualmente, la Guardia Civil ha constatado una acción coordinada por estas dos personas --Sancho y Parra-- y a través de sus empresas, de manera que se habrían auxiliado uno a otro para obtener dinero de los organismos públicos en los cuales ejercían sus funciones habitualmente sin que quedara evidenciado que eran ellos mismos los beneficiarios.
A modo de ejemplo, cita la "utilización" de empresas de Sancho para recibir dinero del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana del cual Parra era interventor, dinero éste que, excepto una comisión, "habría terminado en poder de una empresa controlada por Parra".
"TRAMA ESTRUCTURADA"
En resumen, los agentes observan una "trama empresarial estructurada" al objeto de la obtención de dinero público recibido desde distintas administraciones, sin llevar a cabo en la práctica totalidad de los casos contraprestación alguna por parte de las mercantiles receptoras del dinero.
Este hecho --agregan-- se puede ver "claramente" en la imposibilidad de los propios órganos administrativos visitados de entregar documento alguno sobre los trabajos realizados, entregándose en algunas ocasiones las facturas justificativas del pago de un trabajo "inexistente". Por otra parte, y en la circulación del dinero entre las empresas investigadas, "igualmente se observa justificación de la facturación, si bien en muy contadas ocasiones ha podido obtenerse documento alguno que justifique el trabajo desarrollado".
Junto a Parra y Sancho, en caso de apreciar la existencia de ilícito penal, la Guardia Civil considera responsables por parte de la Administración a alcaldes, secretarios, interventores, tesoreros o sus homólogos o personas que desempeñasen sus funciones y, en todo caso, a aquellos que hubieran contratado, autorizado el gasto, así como aprobado y ordenado el pago o participado de alguna otra forma en la comisión de estos delitos.
