Transportes adjudica por 12 millones un contrato para conservar 136 kilómetros de carreteras en la provincia de Alicante

   ALICANTE, 20 May. (EUROPA PRESS) -

   El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 12 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la explotación y conservación de 136 kilómetros (km) de carreteras del Estado en la provincia de Alicante. La duración es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.

   Los pliegos incluyen requisitos para "promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones" y se enmarca en el programa de este departamento del Gobierno para "mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad" en la Red de Carreteras del Estado (RCE) y "asegurar que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos".

   Este contrato, destinado al mantenimiento y conservación de 136,326 km del sector número cuatro, de los que cinco km son autovía, incluye varios tramos de carreteras como la N-340, desde el km 678,814 (Orihuela) al 733,856 (aeropuerto de Alicante Elche-Miguel Hernández).

   También la N-325, desde el km 3,789 (Novelda) al 20,200 (Crevillent); la N-332, desde el 38,810 (Pilar de la Horadada) al 98,683 (aeropuerto de Alicante Elche-Miguel Hernández), y la N-338, desde el 0 (enlace con la N-332) al 5 (enlace con la A-70).

   Junto a estas carreteras, también será objeto del contrato la rehabilitación superficial del firme en la N-340 desde el km 710 al 716,260, en el tramo Elche-Crevillent, según ha informado el Ministerio de Transportes en un comunicado.

"REDUCIR EMISIONES"

   Dentro de la estrategia de reducción de emisiones y mejora de la eficiencia energética, los pliegos de licitación de los contratos de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado incluyen objetivos de "mitigación y compensación" de la huella de carbono, lo que implica que las empresas "deberán incluir en sus ofertas el cálculo de la huella de carbono que generarán durante la ejecución del contrato en cada tramo de la carretera".

   Desde el Ministerio recalcan que en 2022 ya se incorporaron medidas de eficiencia energética en las instalaciones de servicio como el autoconsumo, sistemas renovables de calefacción, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos.

   Además, desde 2023, se incluye como criterio de valoración "su compromiso a presentar, durante los seis primeros meses del contrato, un plan de descarbonización con el propósito de alcanzar del balance neutro de carbono a los cinco años desde el inicio del contrato".

   De este modo, según ha explicado el Ministerio, "la empresa adjudicataria se ha comprometido a presentar dicho plan, en el que la compensación se podrá realizar a través de los proyectos de absorción registrados en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono dependiente" de este departamento del Ejecutivo central "o bien mediante otras opciones".

   Con ello, se persigue la reducción de 71.640 toneladas de CO2 anuales que, según los cálculos realizados por la Dirección General de Carreteras, genera el funcionamiento ordinario y las labores de mantenimiento y explotación de la RCE.

   Además, ha continuado el Ministerio, "se refuerza" la orientación hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles), 8 (contribución al crecimiento económico y el empleo) y 7 (eficiencia energética).

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE CONSERVACIÓN

   El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación persigue ofrecer un "servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos".

   A través de ellos, se realizan trabajos de "ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras", para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de "las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles".

   Así, se incluyen actuaciones como una "agenda de información de estado y programación, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad".