Tribunales-Un jurado declara culpable al inspector del Ayuntamiento que estafó 12.200? a dueños de locales con problemas

VALENCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un jurado popular ha declarado este miércoles culpable al inspector de obras del Ayuntamiento de Valencia que estafó unos 12.200 euros a varios dueños de locales comerciales que tenían problemas con las licencias u otras deficiencias.

El juicio contra este hombre comenzó el lunes en la Audiencia Provincial de Valencia y ha concluido este miércoles. El acusado, que se enfrenta a una pena de dos años y medio de prisión y de cuatro de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de estafa, es funcionario de carrera del consistorio, adscrito al Servicio de Disciplina Urbanística con categoría de inspector de obras, y se encargaba de desarrollar funciones de control de conservación de la edificación y de solares en el departamento de ruinas.

Según consta en el relato del ministerio fiscal, el hombre, que se encontraba en situación de baja laboral por enfermedad desde octubre de 2008, contactó con diversos titulares de establecimientos comerciales que tenían problemas para obtener la licencia de apertura o que adolecían de otras deficiencias administrativas, y se ofreció a gestionar los trámites de manera rápida y efectiva a cambio de determinadas cantidades económicas.

Así, haciéndose pasar como inspector con potestades en locales de negocio u hostelería, concertó cita con al menos seis personas y, para reforzar su confianza en el éxito de sus gestiones, se desplazaba en un vehículo oficial con los anagramas del Ayuntamiento.

El hombre, tras cobrar el dinero que solicitaba y recabar alguna documentación para simular interés en el asunto, dejaba de tener contacto con las personas que solicitaban sus servicios y no realizaba ninguna gestión efectiva salvo, en algunas ocasiones, informarse del estado de tramitación del expediente administrativo. Algunas de las víctimas que han prestado declaración ante el jurado han afirmado que el hombre les tomó el pelo y que todo "era una mentira".

La primera denuncia consta del mes de enero de 2008, cuando el acusado contactó con un hombre que regentaba un restaurante ubicado en la Avenida Cardenal Benlloch y le ofreció agilizar el trámite de licencia de actividad previo pago de 3.500 euros. Tras cobrar, tomó conocimiento del expediente pero no presentó la documentación que se precisaba para la obtención de la licencia.

Seguidamente, en marzo del mismo año, un titular de una tienda de ropa se puso en contacto con él y éste también se ofreció a agilizar y a abaratar los trámites a cambio de 2.400 euros. La misma dinámica siguió con la dueña de una cafetería, a la que estafó 1.150 euros.

ESTABA DE BAJA

En el año 2009, cuando el hombre estaba de baja laboral por enfermedad --llevaba así desde octubre de 2008-- contactó con el administrador de una empresa que regentaba un negocio de hostelería. El local estaba clausurado por orden municipal al carecer de licencia de actividad. Él se ofreció a solucionarle el problema y le pidió 500 euros, que la víctima le dio.

En este mismo mes, el administrador de un taller mecánico, cuyo expediente de licencia adolecía de diversas deficiencias, le llamó para pedirle que realizara gestiones que subsanasen estos problemas. Para ello, le dio 850 euros y no le cobró la factura de reparación de su vehículo, que ascendía a 382,60 euros.

Por último, en ese mismo ejercicio, el hombre contactó con el propietario de otro restaurante de Valencia, quien le solicitó que le gestionara la licencia de actividad. Tras presentarse como inspector de actividades urbanísticas, aceptó gestionarle los papeles a cambio de un total de 3.500 euros que la víctima le entregó en diversos pagos.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento dictó una resolución el 20 de febrero de 2009 por la que acordaba incoar un expediente disciplinario al acusado y suspenderle provisionalmente de sus funciones en base a los hechos denunciados. Además, fue condenado con sentencia firme por un delito de estafa a las penas de dos años de prisión y ocho meses de multa.