VALNCIA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
Unides Podem ha presentado en Les Corts Valencianes una proposición no de ley en la que solicita a la Delegación del Gobierno que paralice el trámite de expulsión incoado a una joven hondureña sin permiso de residencia que acudió a la comisaría de policía de Xirivella (Valencia) a denunciar una supuesta agresión por parte de un hombre.
Esta formación ha recordado que esta mujer acudió a la policía de la citada localidad el pasado 3 de mayo para denunciar que había recibido insultos, empujones y maltrato físico por parte de un hombre, pero los agentes "no solo no le permitieron interponer la denuncia, sino que le abrieron un expediente de expulsión", ha apuntado en un comunicado.
La diputada Irene Gómez ha señalado que el estado "de vulnerabilidad e indefensión en que se encuentran los y las ciudadanas extranjeras en situación administrativa irregular, que acuden a denunciar delitos, entre los que se incluyen muchas veces agresiones de tipo machista, es muy preocupante. En un estado democrático de derecho deberían prevalecer las personas y sus derechos, que son sujeto y objeto de protección", ha añadido.
Igualmente, ha recordado que en su informe de 2004, el Defensor del Pueblo recomendaba "no abrir órdenes de expulsión a las personas en situación administrativa irregular que denuncien haber sido víctimas de un delito".
La parlamentaria ha incidido además en que "es muy común que las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género o de violencia machista no den el paso de acudir a denunciar porque temen que sean expulsadas del país".
"NECESITA ASILO"
Asimismo, ha añadido que el caso de la mujer de Xirivella, "como el de muchas otras mujeres, es de gravedad puesto que a su situación de irregularidad se aúna que la mujer de origen extranjero viene huyendo de la violencia interna en su país de origen y por ende, necesita asilo".
"Claramente este caso es solo la punta del iceberg en el que se encuentran muchas personas extranjeras que ven vulnerados sus derechos fundamentales por la intersección del aparato legal que las controla antes que protegerlas", ha agregado.
Diversas ONG, asociaciones y plataformas que trabajan y luchan por los derechos humanos de las personas migrantes, como son Valncia Acull, CIES no, Poder Migrante y Red de Hondureñas Migradas, entre otras, se han movilizado para impedir que la expulsión se realice, a su vez que consideran que este tipo de actuaciones "se contraponen al derecho fundamental a la defensa y tutela judicial efectiva amparado en el artículo 24 de la Constitución Española".
Ante esta situación, Unides Podem ha solicitado paralizar, a través de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, el trámite de expulsión de la joven hondureña y "que se abra una investigación a los funcionarios que, vulnerando el derecho fundamental a la defensa, no le permitieron hacer la respectiva denuncia".
Este grupo parlamentario también solicita que se adopten las medidas necesarias "para establecer un marco legal que garantice a nivel autonómico que cualquier persona extranjera víctima de un delito que suponga un perjuicio físico, mental, moral o económico, pueda recibir el amparo de todas las instituciones, sin que el hecho de interponer una denuncia suponga el riesgo de expulsión".
También insta al Gobierno central a que en tanto no se reforma la Ley de Extranjería, "promulgue una instrucción de obligado cumplimiento para que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, en ningún caso, incoen expedientes de expulsión a quienes acudan a interponer una denuncia por cualquier tipo de delito y soliciten protección, entre otras peticiones".
