València amplía a los 45 años el acceso prioritario a alquiler asequible y fija 7 de arraigo para solicitarlo

   VALÈNCIA, 26 (EUROPA PRESS) 

   El Ayuntamiento de València ampliará en diez años, desde los 35 actuales hasta los 45 a partir de ahora, el límite de edad para optar al acceso prioritario a un alquiler asequible en la ciudad y establecerá un periodo mínimo de 7 años de arraigo, de empadronamiento en ella, para poder solicitarlo.

   Asimismo y con el fin de aumentar la oferta de viviendas, el consistorio trabajará para facilitar que los apartamentos turísticos en bajos comerciales pasen a uso residencial y para ayudar a la división de viviendas grandes con el fin de generar más de una, además de aumentar la densidad residencial e intensificar la colaboración público-privada para generar Viviendas de Protección Pública (VPP).

    Estas son algunas de las medidas que se incorporan al Plan Estratégico + Vivienda impulsado por el equipo de gobierno que preside María José Catalá (PP) a través de la Concejalía de Urbanismo. La primera edil y el titular de esa delegación, Juan Giner, han presentado este lunes en una rueda de prensa las nuevas iniciativas para "aumentar la oferta de vivienda en la ciudad".

   Catalá ha señalado que llegada la mitad del mandato "ya se ha alcanzado el objetivo pensado para toda", por lo que ha considerado necesario "diseñar nuevas acciones y medidas para favorecer aún más el acceso a la vivienda, especialmente de los jóvenes". "El objetivo es dar un impulso al plan, actualizando normativas, optimizando la gestión y fortaleciendo la alianza con el sector privado", ha dicho.

TRES EJES

   La alcaldesa ha indicado que las acciones para lograr ese fin se articularán en torno a "tres ejes: más vivienda asequible, más oferta y menores precios, y las reformas oportunas para adaptar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) --de 1988-- a una ciudad del siglo XXI".

   La primera edil y el concejal de Urbanismo han asegurado que el acceso a la vivienda es "una de las principales preocupaciones" de la ciudadanía y una cuestión de carácter "nacional" ante la que hay que actuar en conjunto. "Precisa de la intervención de todas las administraciones", ha aseverado María José Catalá, que ha resaltado que el Ayuntamiento de València "no va a dejar de hacer ni una medida" para afrontar este asunto.

    En la misma línea, Juan Giner ha apuntado que la capital valenciana "ha dejado de ser una ciudad que se limita a observar el problema para pasar a la acción con hechos, inversión y seguridad jurídica" y sin conformarse con lo conseguido hasta el momento a través del Plan + Vivienda.

   Respecto al primer eje, la alcaldesa ha avanzado que la Junta de Gobierno Local aprobará el viernes la renovación de los criterios para acceder al alquiler asequible, con la ampliación hasta los 45 años del límite de edad y con el fin así de "adaptarse a la realidad social" de una emancipación tardía. Catalá ha manifestado que con esta medidas "se garantiza que un sector mucho más amplio de la clase media y trabajadora pueda acceder a viviendas públicas, protegiendo el desarrollo de sus proyectos vitales en la ciudad".

   Para optar al alquiler asequible se incorpora además un requisito de arraigo, con el que se dará prioridad a quienes lleven, como mínimo, 7 años empadronados València. De este modo, los vecinos que "demuestren un vínculo estable y duradero con el municipio podrán inscribirse en el registro de demandantes de vivienda asequible".

    La primera edil ha concretado que así el Ayuntamiento "garantiza que el parque público de viviendas se destina prioritariamente a quienes han apostado por València a largo plazo, fortaleciendo así la cohesión social y la identidad de nuestros barrios".

COBRO SEGURO A PRECIO MENOR DEL MERCADO

   El segundo eje de las nuevas medidas, centrado en incrementar la demanda" para que "bajen los precios", incluye la puesta en marcha de la Agencia Municipal de Alquiler "con el objetivo de movilizar las viviendas vacías que no salen al mercado, muchas veces por miedo a la inquiokupación", ha detallado María José Catalá.

   Esta agencia permitirá a quienes buscan casa acceder a pisos de alquiler a un precio hasta un 20% menor que las tarifas de mercado y asegurará a sus propietarios un cobro seguro. "Los propietarios tendrán la seguridad de que cobrarán su alquiler a final de mes porque el Ayuntamiento les garantizará el seguro de cobro. Y los inquilinos podrán acceder a una vivienda a un precio por debajo del mercado", ha indicado la alcaldesa.

   El segundo apartado incluye también un impulso a la vivienda dotacional. Para ello se identificarán en el PGOU parcelas destinadas a centros educativos que tras más de 35 años no se han usado para eso o se consideran excedentes.

    Se plantea que ese suelo sobrante sea para construir vivienda dotacional, destinada mayoritariamente a jóvenes, tanto por parte del Ayuntamiento como a través de la colaboración público-privada. Este plan permitirá activar parte de los 500.000 metros cuadrados de solares de uso educativo que actualmente están inactivos.

    Además, como tercera pata de este segundo eje, se plantea la firma de convenios de responsabilidad social con el sector privado con la finalidad de reservar un cupo de VPP, de promoción privada, para el registro municipal de demandantes. "La administración actúa como puente para que el sector privado contribuya a reducir la lista de espera habitacional. Si actuamos desde varios frentes, daremos una mejor respuesta a la crisis habitacional", ha declarado Catalá.

   El tercer y último eje, el de las reformas normativas para adaptar el PGOU, contempla incrementar la densidad residencial de la ciudad elevando el estándar de 75 viviendas por hectárea hasta 140. La responsable municipal ha precisado que esta medida supondrá "800 viviendas más". "No es un número desproporcionado, no queremos tensar la ciudad", ha subrayado.

    En este punto se enmarcan además las medidas para facilitar la reconversión de bajos turísticos en viviendas si cumplen con las condiciones de habitabilidad requeridas. Esto permitirá ganar unas 2.000 nuevas viviendas para uso residencial.

    A estas propuestas se suma la de facilitar la segregación y división de viviendas de grandes dimensiones, específicamente en inmuebles construidos en el siglo XX que cuentan con la particularidad de tener doble acceso --puerta principal y de servicio--. Se trata de aumentar la oferta residencial, aprovechando el patrimonio ya construido sin consumir nuevo suelo.

 "LA MEJOR RECETA"

   María José Catalá ha considerado que "la mejor receta" para facilitar el acceso a la vivienda "es construir", a la vez que ha reclamado que, "de una vez por todas, el Gobierno sea parte de la solución".

    En esta línea, ha anunciado que propondrá a la FEMP instar al Ejecutivo central a construir "de manera inmediata VPP en los solares de titularidad estatal que permanecen paralizados" como el de Artillería o Ingenieros de València, "donde se pueden crear más de 800 viviendas de alquiler asequible".