Las VTC esperan que el nuevo decreto del Consell dé seguridad jurídica a su servicio urbano y se acuerde este mes

   VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Las patronales de las VTC MOVVA y UNAUTO confían en que se alcance un acuerdo antes de final de abril para que la Generalitat apruebe un nuevo decreto que regule la movilidad en la Comunitat Valenciana y esperan que este marco proporcione "garantías jurídicas" a sus servicios urbanos, que ven "asegurados" en este momento de la negociación.

   Las asociaciones empresariales han reivindicado, además de esta cuestión "prioritaria", que la nueva norma incluya un régimen sancionador "claro", "conforme a derecho" y que "no sirva para excluir al sector"; que contemple cuándo debe crecer la oferta de movilidad y que establezca requisitos para el acceso a esta actividad que eviten un carácter "especulador".

   Así lo han señalado este miércoles en rueda de prensa, el presidente de MOVVA, Ricardo González, y el presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal.

   Berzal ha explicado que las negociaciones con el sector del taxi y la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación están en su "tramo final" y cree que "a finales de este mes" se podrá cerrar un acuerdo.

   Según González, la "propuesta inicial" de la regulación "ponía en tela de juicio" que las VTC pudiesen prestar servicios urbanos, lo cual motivó que el Sindicato Libre de Transporte (SLT) convocase una protesta el pasado mes de febrero por las calles de València, a la que se sumaron las patronales. Desde entonces, "han avanzado mucho" las negociaciones y la Conselleria se ha mostrado "dialogante".

UNA REGULACIÓN "OBSOLETA"

   En esta línea, desde las asociaciones han insistido en que el actual decreto en vigor, aprobado por el Botànic, "está obsoleto por sentencias judiciales". "La demanda prioritaria es que en el decreto se contemple de manera específica que todos los servicios de las casi 1.900 autorizaciones se siguen haciendo con carácter urbano en toda la comunidad autónoma", han señalado los representantes empresariales, que han insistido en que las resoluciones del Tribunal Superiro de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) así lo avalan.

    González y Berzal entienden que, en esta fase de las negociaciones, el servicio urbano está asegurado y "no está encima de la mesa ese debate". "Sería no dar cumplimento a una sentencia, el gobierno de la Comunitat Valenciana es un gobierno serio, eso nunca lo van a hacer. Lo veríamos como una traición al sector y a los ciudadanos (...) Sería indigno de una comunidad como esta teniendo en cuenta no solamente la demanda que hay de los propios ciudadanos, sino también de los turistas", ha indicado Berzal.

   "El problema que tenemos es que se están poniendo multas por servicio urbano, cuando tenemos una sentencia que dice que podemos hacerlos. También se pusieron sanciones por precontratación cuando tenemos ganado el tema. El problema es la inseguridad jurídica. Si no hay un texto que avale esa seguridad jurídica, la conflictividad va a seguir", han lamentado los portavoces del sector.

RÉGIMEN SANCIONADOR

   Otra de las peticiones del sector de VTC es la modificación del régimen sancionador para dar mas garantías", que sea "claro, conciso y concreto", "no desproporcionado" y "alineado con la jurisprudencia existente". En definitiva, "que nunca pueda ser una herramienta para excluir los servicios urbanos que se realizan de las VTC".

   Las asociaciones empresariales han pedido que el texto del decreto ley haga referencia a la precontratación y a la geolocalización en cumplimiento de la nulidad de los artículos que imponían 30 minutos de precontratación y prohibían la geolocalización previa de los VTC.

   Desde el sector han asegurado que son "los primeros que no quieren que haya intrusismo" ni que "vengan de otras comunidades autónomas para hacer servicios urbanos aquí".

    Preguntados por el "ultimátum" de las asociaciones de taxistas, que han advertido que convocarán movilizaciones semanales si el 29 de abril no hay un nuevo régimen sancionador, González y Berzal han señalado que "el sector del taxi ha modulado su discurso". "Primero dijo que no podíamos hacer servicios urbanos hasta que hemos tenido una sentencia, ahora dice que tenemos que ser sancionados", han señalado.

   Berzal ha indicado que las VTC tienen derecho a acudir a los tribunales si sus demandas no se ven recogidas, pero que quiere "huir de ese escenario" y contar con una regulación que permita "no seguir litigando". Además, ha añadido que el Consell "no está trabajando según el dictado de lo que dice el sector del taxi" y que las VTC no van a "poner fechas que son amenazas" porque considera que esa "no es la praxis que debe tener en ningún caso para obligar a ningún gobierno a tomar decisiones".

CONTRA EL "CRECIMIENTO INDISCRIMINADO"

   Por otro lado, MOVVA y UNAUTO han subrayado que estas organizaciones no quieren "un crecimiento indiscriminado del sector", sino que el crecimiento de las licencias de taxi y VTC venga determinado por estudios sobre las necesidades de movilidad bajo criterios objetivos.

    En esa línea, han afirmado que verían "con buenos ojos una moratoria para que no se den más autorizaciones y que ese tiempo se use por la administración para hacer estudios y determinar cuándo se tiene que dar la autorización".

   Asimismo, han señalado que las patronales del sector de las VTC apoyarían "que se flexibilicen las condiciones de desarrollo de la actividad del sector del taxi", para que pueda "modernizarse" por ejemplo en sus condiciones de acceso. "Vamos a aportar las solicitudes que puedan mejorar su sector", han asegurado.

   Sobre si creen que en València capital sería necesario ampliar la flota de taxis y VTC, los representantes del sector han señalado que los estudios con los que cuenta sí consideran que serían necesario, pero han rechazado "empezar el edificio por el final" y han señalado que primero se tiene que contar con un decreto ley que proporcione garantías.