MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera instancia número 63 de Madrid celebrará este próximo jueves 24 de noviembre, a partir de las 10:30 horas, la audiencia previa del procedimiento ordinario iniciado por seis clubes, Zaragoza, Espanyol, Villareal, Athletic Club, Real Sociedad y Sevilla, contra la LFP por el intento de suspensión de la jornada 30 de la temporada 2010-11.
En dicha demanda, los seis clubes solicitaban la nulidad del acuerdo adoptado por la Asamblea General de la Liga, el 11 de febrero de 2011, por el que se iba a producir un 'cierre patronal' en la jornada prevista para el 2 y 3 de abril de 2011 como medida de protesta por la postura del Gobierno de no anular la obligatoriedad de dar un partido en abierto.
La Asamblea de la Liga acordó este paro patronal con el objetivo de conseguir que se anulara la obligatoriedad de transmitir un partido en abierto todas las jornadas y que se cambiara la Ley del Juego, para que los clubes recibieran mayores beneficios por las apuestas deportivas y de la Quiniela.
Sin embargo, el Athletic Club, Espanyol, Real Sociedad, Real Zaragoza, Sevilla y Villarreal se opusieron a esta decisión tomada por la Liga, por lo que presentaron una demanda para que se anulara este acuerdo y solicitaron, además, que se adoptaran medidas cautelares, dado el escaso margen de tiempo, para que se celebrara la jornada.
Dichas medidas cautelares fueron aceptadas por la magistrada del Juzgado de Primera Instancia Número 63 de Madrid, Purificación Pujol, el pasado 30 de marzo, por lo que no se paralizaron las jornadas de la Liga BBVA y la Liga Adelante, previstas para dicho fin de semana del 2 y 3 de abril de este año.
Purificación Pujol concedió la solicitud de medidas cautelares y acordó "suspender la eficacia del acuerdo adoptado por la Asamblea General Extraordinaria de la LFP" el 11 de febrero para no celebrar la jornada del 3 de abril, con lo que debía "permanecer inalterado el calendario oficial de la Liga en Primera y Segunda División".
La juez consideró que "en el presente caso se solicita la adopción de esta medida cautelar para conseguir el mantenimiento de un estado fáctico ya establecido", que es "la existencia de un calendario aprobado por la RFEF", mientras que es la Asamblea la que pretende que esa situación sea "bruscamente alterada".
Por ello, concedía las medidas cautelares, ya que, además el 'G-6' aducía la "incompetencia estatutaria de la LFP para alterar el calendario", añadiendo que si no se concediesen, se cumpliría el acuerdo de la Asamblea, quedando sin objeto la demanda principal.
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