MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Mesa del Congreso deberá pronunciarse este martes sobre el veto impuesto por el Gobierno a la proposición de ley impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya tramitación el Ejecutivo rechaza tramitar por suponer un coste global para las arcas públicas de casi 90.000 millones de euros en una década.
La cifra es el resultado de las estimaciones del Gobierno, que cuantifica en 89.490 millones de euros el coste que tendría conformar el parque de vivienda pública para alquiler social recogido en la ley, y otros 186 millones que dejarían de ingresarse con cargo al sistema eléctrico por el bono social.
En su escrito de disconformidad remitido a las Cortes y al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno detalla que la proposición de ley, que formalmente fue registrada por Unidos Podemos-En Comú-En Marea junto con Esquerra Republicana (ERC), Compromís y Bildu establece la obligación de ceder viviendas vacías para que sean administradas como alquiler social la próxima década.
Según los cálculos del Gobierno derivados de la iniciativa, se trata de casi 300.000 viviendas privadas que, a razón de 3.600 euros al año de alquiler, tendría un coste anual de 1.071 millones 10.710 millones al cabo de los diez años). Y otras 50.000 viviendas de grandes tenedores que obligarían a un coste anual de 189 millones, lo que supone 3.780 millones al final de las dos décadas de alquiler social a las que se les obligaría.
A ello se suma, según el Gobierno, el cambio de calificación de vivienda pública de régimen de propiedad a alquiler social, que a su juicio pasa por la expropiación. En total, habría que destinar 75.000 millones para proceder a ese cambio obligatorio para obtener 1,25 millones de viviendas protegidas públicas.
EL COSTE DE LA TARIFA SOCIAL ENERGÉTICA
Por otra parte, el Gobierno también se refiere al coste que podría tener la tarifa social energética, consistente en un descuento en la factura del suministro que rebajaría el importe en función de los ingresos del usuario o unidad familiar, sin poder rebasar el importe el 30% de los ingresos de la unidad familiar.
Una aplicación que, para el Gobierno, "carecería de la mínima seguridad jurídica, previsibilidad y certidumbre exigidas", pues critican que se defina su importe "indirectamente", por la relación entre la suma del importe de la renta del alquiler y el coste de los suministros y el importe de la renta familiar.
Según la proposición de ley, la tarifa se pagaría a cargo del Ebitda (beneficio bruto de explotación) de las compañías eléctricas, por lo que el Gobierno señala que esta vía de financiación repercutiría en la recaudación fiscal proveniente del Impuesto de Sociedades, al reducir la renta obtenida por el contribuyente. Concretamente, en 75 millones de euros, según la estimación de Energía.
Por otro lado, el Gobierno señala que la recaudación en el Impuesto a la Electricidad, los llamados peajes que abonan los consumidores, y de los cuales estarían exentos los beneficiarios de la tarifa social, se vería afectada en 21 millones de euros de menos, y la recaudación IVA en los peajes se reduciría también en otros 90 millones.
LA PAH ACUDE ESTE MARTES AL CONGRESO
La Mesa del Congreso, generalmente con los votos del PP y de Ciudadanos, viene aceptando los vetos presentados por el Gobierno recordando que es la Constitución la que habilita al Ejecutivo para bloquear iniciativas legislativas que considera contrarias a su política presupuestaria por suponer aumento de gasto o disminución de ingresos.
En las dos única ocasiones en que la Mesa del Congreso ha desoído al Gobierno, por dos iniciativas del PSOE sobre la LOMCE y los trabajadores de subcontratas, el Ejecutivo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional planteando un conflicto de competencias.
En ese contexto, la PAH ha convocado concentraciones ante sedes de Ciudadanos para presionar al partido naranja y este martes tiene previsto acudir al Congreso para protestar ante el veto del Gobierno. A la cita han invitado a los partidos que registraron su propuesta --Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu-- para reivindicar el derecho a poder celebrar "un debate democrático alrededor de esta ley tan necesaria".
