Un bloque de viviendas en construcción. - Ricardo Rubio - Europa Press
MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España propone establecer una compensación automática a los pequeños propietarios cuando se suspenda un desahucio por vulnerabilidad social, que se mantendría hasta que se proporcione una alternativa habitacional a los afectados, para evitar que la protección social recaiga sobre los particulares, según el Informe sobre la Vivienda que ha presentado este martes.
La medida se financiaría con fondos autonómicos de emergencia social, con refuerzo estatal en los casos de mayor concentración, y se calcularía sobre la renta de mercado de referencia. El informe plantea establecer un marco normativo en 18 meses y dirigir la compensación a personas físicas con un número reducido de viviendas --unas tres--, excluyendo a sociedades patrimoniales y grandes tenedores.
La propuesta forma parte de una hoja de ruta a 20 años sobre el mercado de la vivienda que incluye revisar la normativa de arrendamientos urbanos desarrollada desde 2019 mediante una evaluación independiente de su impacto sobre la oferta y regular el alquiler de temporada para exigir una causa temporal real y acreditable, como estudios, trabajo o tratamiento médico. Los contratos sin esa justificación pasarían a regirse por la normativa del alquiler habitual.
Los gestores administrativos también plantean crear un sistema público-privado que cubra impagos y determinados daños en el alquiler de vivienda habitual, con una prima compartida entre la Administración y el propietario y participación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y aseguradoras.
En materia de construcción, el informe propone un Programa Nacional de Producción Residencial que priorice Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga, provincias que concentran, según el documento, el 52,5% del déficit de vivienda. También aboga por movilizar suelo público, elaborar un inventario nacional de suelo disponible y agilizar los procedimientos urbanísticos, que cifra en más de ocho años de media.
El documento incluye además un procedimiento rápido de mediación para resolver conflictos relacionados con impagos, fianzas y reparaciones, así como un registro estadístico de rentas reales basado en contratos formalizados y depósitos de fianzas, en lugar de depender de los precios anunciados en los portales inmobiliarios.
UNA HOJA DE RUTA A 20 AÑOS
El Consejo plantea aplicar las medidas en distintos plazos. Así, algunas actuaciones, como la coordinación entre administraciones y la revisión de la normativa del alquiler, podrían iniciarse en los primeros cien días, mientras que otras, como el programa de producción residencial y los sistemas de garantía, se desarrollarían durante una legislatura.
Como petición concreta, propone abrir una mesa de trabajo con el Ministerio competente y las comunidades autónomas para desarrollar un expediente digital único, reducir las cargas administrativas e implantar un sistema nacional de indicadores de vivienda.
