La Audiencia Nacional deberá corregir la decisión de 2 de febrero de 2002 por "quebrantamiento de forma" en el texto de la sentencia
MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo anuló hoy la sentencia de la Audiencia Nacional que condenaba a trece directivos de Azucarera Ebro a penas que oscilaban entre un año y nueve meses y nueve años y nueve meses de cárcel por delitos de falsedad documental y contra la Hacienda comunitaria en el 'caso del azúcar'.
En una sentencia estimada parcial, el Alto Tribunal ha solicitado a la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, instructora del caso, que revise la decisión emitida por "quebrantamiento de forma" alegada por los condenados en su recurso de casación, para que, "retrotayéndola al momento de dictar sentencia, la termine de acuerdo a derecho", según el texto de la sentencia al que tuvo acceso Europa Press.
Según explica el Supremo, la anulación de la sentencia se ha realizado por motivos de "incomprensión comunicativa en la redacción del texto", concretamente, por una "incorrecta delimitación de las cuestiones de hecho y de las de derecho" que impide al Tribunal "comprobar la correcta aplicación del derecho".
En la sentencia emitida, el Supremo reclama a la Audicenia Nacional información sobre el contenido del Reglamento comunitario de regulación del sector del azúcar, así como la determinación de cantidades de producción autorizadas, los excesos de producción, el tipo de compensación en los gastos de almacenamiento, los posibles cambios de normativa y documentos que acrediten la participación de los acusados en las tomas de decisiones de la empresa.
El recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley fue interpuesto ante el Tribunal Supremo por el Ministerio Fiscal, Azucarera Ebro S.L.y por los trece directivos condenados.
Según la sentencia fallada por la Audiencia Nacional el 2 de febrero de 2005, los trece directivos acusados "idearon un plan" para encubrir la sobreproducción de azúcar, frente a los límites establecidos por Bruselas, mediante "movimientos internos ficticios" que tuvieron lugar durante las campañas de 96-97, 97-98 y 1998-99.
El fraude ascendió a 27,06 millones de euros, cantidad fijada en concepto de responsabilidad civil para Azucarera Ebro, más los intereses devengados por impago de la exacción reguladora y de la cotización para la compensación de los gastos de almacenamiento.
CONDICIONES DE LA UE.
La resolución de la sentencia explicaba que la Unión Europea establecía "una serie de disposiciones emanadas de decisiones comunitarias que regulan la producción y la comercialización de los productos agrarios en la totalidad de los Estados que la integran". En el caso del azúcar, la Unión Europa establece sistemas de cuotas y cantidades nacionales garantizadas. El azúcar A y el B son las cantidades máximas que se pueden producir, la sobreproducción de la tasa fijada se denomina azúcar C.
Este tipo de azúcar no se puede comercializar dentro del mercado comunitario, aunque puede trasladarse a la campaña siguiente, pero no puede exportarse antes del 1 de enero del año siguiente. En ese caso, el Estado miembro debe entregar a la Unión Europea la "correspondiente exacción reguladora".
El Tribunal consideró que el Grupo Sociedad General Azucarera Española, que integraba Azucarera de Guadalfeo y Unión Azucarera, ocultó la comercialización del azúcar C en la campaña 96-97; en las de 1997-98 y 1998-99, la declaración la realizó Azucarera Ebro Agrícolas, resultado de la fusión de Ebro Agrícolas Compañía de Alimentación y Sociedad General Azucarera; y en 1998/99, las declaraciones de producción fueron efectuadas por la agrupación de interés económico Unión Azucarera.
El 8 de febrero de 2001 se incribió en el Registro Mercantil la fusión entre Azucarera Ebro Agrícolas y Ebro Puleva, dando lugar a la sociedad Ebro Puleva. En marzo, Ebro Puleva segregó su rama relativa al azúcar a su filial Azucarera Ebro Sociedad Unipersonal.
DIRECTIVOS CONDENADOS.
Los directivos de Azucarera Ebro condenados son: Nicolás Bautista Valero de Bernabé, director general de la campaña 98/99 de Azucarera Ebro Agrícolas; Aniceto Martín Misol, director industrial en la campaña 98/99 y responsable del negocio del azúcar con categoría de subdirector general hasta septiembre de 2000; Jaime Sagristá Carnes, director de Organización de Producción de Ebro Agrícolas Compañía de Alimentación y director de Coordinación de Fábricas; y José Rafael Barrera Infante, director de Fabricación adjunto al director de Producción.
La resolución también hizo mención a Guillermo D'Auberade Payá, director técnico de dos campañas y luego director de Ingeniería e Industrial; Rafael Vargas Peñalva, director de la Fábrica de Benavente y luego ingeniero en el Departamento de Producción; Fernando Pérez Lope, director comercial; Antonio López López, administrador de la fábrica de la Rinconada de Sevilla; José Enrique Hidalgo, director de la misma factoría; Elías Gamazo, director de la fábrica de La Bañeza; Angel Domingo Ciriza, administrador de la misma fábrica; Andrés Francisco Canales, administrador de la de Salamanca; y Agustín Fernández, director de la fábrica de Salamanca.
Los principales condenados son Fernando Pérez, Guillermo D'Auberade y Rafael Vargas, a los que se imponen 9 años y 9 meses de cárcel y multas millonarias, de las que responderá Azucarera Ebro, por cinco delitos fiscales contra la Hacienda de la Unión Europa y otro de falsedad documental, mientras que los responsables de distintas fábricas del grupo azucarero son castigados con un año y nueve meses de prisión.
