MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio Fiscal considera al Estado perjudicado por la venta y posterior quiebra de Sintel y cifra la deuda contraída con la empresa en 64,8 millones de euros (10.785.356.105 pesetas) en concepto de las ayudas extraordinarias que la Dirección General de Trabajo destinó al plan de prejubilación de los extrabajadores de Sintel, durante los ejercicios presupuestarios de 2001, 2002, 2003 y 2004.
"Debe tenerse en cuenta que también resultó perjudicado el Estado", apuntó la Fiscalía en el escrito presentado ayer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que instruye el 'caso Sintel'.
Para sostener esta afirmación, Anticorrupción hace referencia al documento recogido e incorporado a la causa en los folios nº 5191 y 5192 del tomo XVI del sumario, que corresponden a una certificación de julio de 2004 expedida por la Subdirección General de Programación y Actuación Administrativa en la que se acredita la totalidad de las ayudas concedidas a los extrabajadores del Sintel, al que tuvo acceso Europa Press.
POSIBLE ACUSACIÓN DEL ESTADO
De esta manera, el Ministerio Fiscal coloca, por primera vez en los seis años de investigación, al Estado como perjudicado por la quiebra de Sintel, lo que podría provocar que la Abogacía del Estado se personase como "acusación para ejercitar las acciones de resarcimiento contra Telefónica" en defensa de la administración, según fuentes jurídicas cercanas al caso consultadas por Europa Press.
El juez instructor del caso podría ofrecer "en cualquier momento" a la Abogacía del Estado el ejercicio de acciones de acusación, aunque, sin este ofrecimiento, "lo lógico en vista del escrito del fiscal" sería que la propia Administración se personara directamente como perjudicada, explicaron las mismas fuentes.
El certificado, expeditado a petición de la Audiencia Nacional, detalla la relación de ayudas concedidas en concepto de prejubilación a los extrabajadores de Sintel al amparo de la Orden Ministerial de 5 de abril de 1995, que alcanzan el total de 64 millones de euros. Trabajo aclara en el documento que "no se ha tramitado expediente alguno de ayudas en los que la beneficiada fuera Sintel".
