MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia por la que obliga a las empresas de seguridad privada a pagar a sus empleados las mismas retribuciones por las horas extra que por las ordinarias, informó en un comunicado la Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada.
La sentencia del Alto Tribunal modifica el apartado "horas extra y cálculo de hora ordinaria" del convenio colectivo de seguridad privada y obliga a estas empresas a calcular las horas extra dividiendo el salario base de cada categoría entre las jornada mensual de 162 horas.
En España existen más de 1.300.000 vigilantes privados que podrán comenzar a reclamar las cantidades que se les deben por las horas extras trabajadas desde enero de 2005. Alternativa Sindical calcula que a cada trabajador se le adeuda una media de 3.000 euros, lo que se traduciría en una deuda de unos 350 millones de euros.
El Supremo aceptó en sentencia del pasado 21 de febrero el recurso de casación presentado por Alternativa Sindical y por el Sindicat Independient Profesional de Vigilancia i Serveis de Catalunya contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional que falló a favor del mantenimiento del convenio apoyado por las patronales del sector (Aproset, FES, Ampes y Acaes) y por los sindicatos (UGT, USO, CCOO y CIG).
El convenio colectivo de seguridad privada se firmó a principios de 2005 con una vigencia de cuatro años. Alternativa Sindical y el Sindicat Independient presentaron una demanda conjunta en septiembre de 2005 ante la Audiencia Nacional.
La sentencia supone "un hito" que ha tocado con "los pilares de las empresas de seguridad", las horas extra. Las empresas de seguridad "prefieren abonar las horas extra a contratar más personal", explicó en un comunicado Alternativa Sindical de Trabajadores. A raíz de esta sentencia los trabajadores podrán reclamar la diferencia con la hora ordinaria resultante y evitar el abono de estos pagos en dinero negro.
El sindicato advirtió de que el cumplimiento de las reclamaciones provocará que las pequeñas y medianas empresas "se enfrenten a su posible quiebra", y las grandes a "una bajada histórica de sus acciones".
