Actualizado 19/04/2007 20:56 CET

Lino.- La Audiencia Nacional dará a conocer el próximo lunes la sentencia del 'fraude del Lino'

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional dará a conocer el próximo lunes la sentencia del caso del lino, 6 años después de la apertura de la causa. El tribunal que preside Fernando Bermúdez de la Fuente ha citado a las partes para escuchar el dictamen que podría condenar a penas que oscilan entre los 7 meses y 3 años de prisión y multas de entre 6.000 y 191.000 euros a los 18 agricultores y responsables de empresas transformadoras de la planta textil acusados por el denominado 'fraude del lino'.

Un día después del comienzo del juicio, el pasado 5 de octubre, el tribunal excluyó de la causa al principal procesado, el ex subsecretario de Agricultura y ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Nicolás López de Coca, porque el delito de tráfico de influencias del que estaba acusado no es competencia de la Audiencia Nacional, remitiendo su caso al tribunal competente.

El fiscal Anticorrupción Juan Pavía mantuvo en sus conclusiones que los imputados incurrieron, al obtener ayudas irregulares de la Unión Europea para la transformación de la planta para su uso textil, en delitos de falsedad en documento oficial o mercantil y fraude de subvenciones.

Esta investigación se inició a raíz de la comunicación a las autoridades españolas, en marzo de 2001, de un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que alertó de las irregularidades.

EXTRAÑO AUMENTO DE CULTIVOS

El informe de Anticorrupción describía de forma minuciosa las actividades presuntamente fraudulentas cometidas por agricultores y empresarios de las comunidades de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón y Extremadura desde la temporada 1997/1998 hasta el inicio de la instrucción del caso, que fue llevado a cabo por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

España comenzó a cultivar lino en 1992 y su extensión de cultivos llegó a las 91.400 hectáreas en la campaña 1997/1999. Esta situación determinó que la Comisión Europea dictara unas normas para prevenir abusos en el pago de subvenciones.

La inexistencia de legislación comunitaria en campañas anteriores "privó a las autoridades españolas de los indicadores efectivos a posibles fraudes", indicó el fiscal. Esta situación provocó que los que se estaban aprovechando de las insuficiencias se agruparan para seguir con su "ilícito enriquecimiento patrimonial".

La actividad fraudulenta se instrumentó por empresas transformadoras de varilla de lino textil a través de solicitudes de subvención cumplimentadas por hipotéticos receptores. En algunos casos los funcionarios autonómicos constataron 'in situ' que el provecho agrario declarado en los documentos oficiales era imposible en tierras yermas. También las noticias surgidas en los medios de comunicación sobre incendios en transformadoras y su relación con el fraude motivaron las investigaciones de la Policía Judicial.

PETICIÓN FISCAL.

En sus conclusiones, el fiscal solicitó para los acusados que operaban en Castilla-La Mancha, penas de 3 años de cárcel y multa de 30.000 euros a los responsables de la empresa Colino, Enrique Ruiz Paz y su hermano Gonzalo. La misma pena para los propietarios de Colisur 2000 S.L Antonio Muñoz Martínez y Eugenio Alabarces Muñoz y para su abogado Enrique Ayala Martínez pide 2 años de prisión y multa de 191.000 euros. Los administradores de Celitex, Manuel y Santiago Rojo Rojo se enfrentan a un año y medio de cárcel y multa de 18.000 euros.

Respecto a Castilla y León, el fiscal pide una condena de 3 años de cárcel y multa de 30.000 euros para Esperanza Arroyo Domínguez, que regentaba Texar S.L, mientras que para su hermano Eusebio reclama un año y medio de cárcel y multa de 18.000 euros. Para los responsables de la cooperativa Los Linares, Victoriano Blanco Alonso y Celedonio Martín Cabreros, solicita una pena de dos años de cárcel y 9.000 euros de multa para cada uno.

Asimismo, el fiscal Pavia pide 3 años y multa de 30.000 euros para los propietarios de la transformadora Ecoagrocas S.L. en Ólvega (Soria) Jesús García Borque y Pedro Millán, al igual que para Juan José Martínez Villar, quien captó a productores y arrendatarios para los anteriores en Teruel.

Los productores en esta provincia Julián Guillén, José Manuel Pérez Espílez y Fernando Calvé Dobón se enfrentan a 7 meses, 3 años y 2 años de cárcel, respectivamente, y a multas de entre 78.865 a 6.000 euros, respectivamente. También pide una pena de 2 años de cárcel y multa de 9.000 euros para el responsable de Lino Textil de Extremadura S.L. Alberto García Valencia.