Economía.- CE pedirá más datos a España para estudiar impacto ecológico de conexión de gasoducto en Vinaròs (Castellón)

Actualizado: martes, 27 octubre 2009 20:14


BRUSELAS, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea pedirá más información a las autoridades españolas sobre la construcción de una nueva planta de almacenamiento de gas natural en Vinaròs (Castellón) para estudiar si cumple adecuadamente con la normativa de hábitats de la Unión Europea.

Antes de autorizar un proyecto de estas características, las autoridades competentes "deben cerciorarse de que se cumplen los requisitos" de las leyes medioambientales europeas, en especial si su desarrollo puede tener efectos negativos en zonas protegidas de la red Natura 2000, explicó el comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, en respuesta a una interpelación parlamentaria del eurodiputado de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), Raül Romeva.

En su pregunta, Romeva mostró su preocupación por el impacto del proyecto sobre el "equilibrio y biodiversidad" de los ecosistemas naturales que podrían verse afectados por la construcción de esta conexión del gasoducto.

En concreto, el Ejecutivo comunitario pedirá más datos para comprobar si se ha realizado la "evaluación apropiada" de las consecuencias de la obra y el funcionamiento de la planta en la conservación del Parque Nacional del Delta del Ebro y otras áreas protegidas como la Serra d'Irta y la Serra de Montsià.

Según recuerda Dimas en su respuesta, si un proyecto de este tipo puede "afectar de forma apreciable" la zona protegida "únicamente podrá llevarse a cabo" si no existen soluciones alternativas, si reviste un interés público superior y si se adoptan medidas compensatorias para la consistencia de la red Natura 2000.

Respecto al uso de sustancias tóxicas y al riesgo para las aguas superficiales, la Comisión "no detecta ninguna infracción" de la normativa sobre calidad del agua, si bien advierte de que "vigilará estrechamente" las siguientes etapas para el desarrollo del proyecto, con el objetivo de comprobar que las autoridades españolas "cumplen con sus obligaciones".