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MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que muchas estaciones de servicio de cadenas 'low cost', automáticas o ligadas a supermercados registraron traslados más lentos y limitados a los consumidores de la rebaja en el impuesto de hidrocarburos aplicada a la gasolina desde el 1 de octubre.
En concreto, la asociación señala que la reducción de 15 céntimos por litro en dicho impuesto debería haber supuesto un ahorro aproximado de 18,1 céntimos por litro al aplicar el IVA.
Sin embargo, en un análisis a partir de los datos del geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, OCU indica que una parte importante de las estaciones no aplicó la medida de forma inmediata ni íntegra.
Así, la organización destaca que, a las 14.00 horas del 1 de octubre, el 24% de las gasolineras presentaba un descuento inferior a los 15 céntimos -al menos tres céntimos por debajo del exigible-, mientras que un 28% no había comunicado aún ningún cambio de precio, siendo estas irregularidades más frecuentes en redes automáticas de bajo coste y de distribución alimentaria.
MAYOR RAPIDEZ EN LAS GRANDES MARCAS.
Por el contrario, valora que las grandes marcas reaccionaron con mayor rapidez y cadenas como Repsol, BP, Moeve, Galp, Shell, Petronor, Campsa y Petrocat trasladaron la mayor parte o la totalidad de la rebaja ese mismo día.
No obstante, OCU añade que ya para el 8 de octubre, casi toda su red registraba un descuento medio de 17,9 céntimos por litro, muy cercano al nivel esperado.
De todas maneras, la asociación subraya que res semanas después del ajuste fiscal detectó que el 34% de las gasolineras mantenía descuentos por debajo de los 18 céntimos por litro, a pesar de que la evolución a la baja en los mercados internacionales debería haber situado la rebaja total en unos 22 céntimos.
"EFECTO COHETE Y PLUMA" Y PIDE UNA INVESTIGACIÓN A LA CNMC.
Ante esta situación, la OCU ha vuelto a denunciar la existencia del denominado "efecto cohete y efecto pluma", por el que los incrementos de costes se repercuten con rapidez al consumidor mientras que las bajadas se aplican con lentitud o de forma incompleta.
Por todo ello, la organizacion ha solicitado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una investigación para determinar si se han producido prácticas anticompetitivas con una medida financiada con recursos públicos.
