La Autoridad del Cliente Financiero se cae de las reformas de los fondos UE y se complica su aprobación

   MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

   La Ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, promovida en su día por la vicepresidenta Nadia Calviño y que lleva un año encallada en el trámite parlamentario, se ha caído de las reformas legislativas que el Gobierno prometió realizar para percibir fondos europeos del Plan de Recuperación, lo que augura que su aprobación definitiva sea complicada.

   Aunque el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, aseveró que el hecho de que la ley decaiga de las reformas vinculadas a los fondos europeos no implica que se desista a la ley, el panorama político dificulta su culminación en el Parlamento dada la oposición que PP y Vox vienen mostrando en esta legislatura a este texto y al bloqueo anunciado por Junts a toda la iniciativa del Gobierno. Además, Bruselas ya no exigirá a España que apruebe esta ley para recibir fondos europeos.

    No obstante, fuentes del ministerio aseguran que para el Ejecutivo esta Autoridad de Defensa del Cliente Financiero "es prioritaria ya que responde a una demanda social, de los usuarios financieros que siguen reiterando la necesidad de que se apruebe", por lo que intentará someterla a votación en las Cortes.

 CALVIÑO IMPULSÓ LA LEY

   En el marco de las reformas pactadas con la Comisión Europea para percibir desembolsos de transferencias no reembolsables, el Gobierno se comprometió a crear una nueva agencia de supervisión en el sector financiero que tenía por objeto unificar los criterios para gestionar las reclamaciones entre clientes y entidades bancarias.

    El primer proyecto legislativo para desarrollar esta agencia se redactó en la legislatura pasada, cuando la ahora presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, era entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía. Con esta autoridad se venía a unificar los servicios de reclamaciones que los clientes hacen a sus bancos y que ahora prestan el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

    La idea era que en aquellas reclamaciones de clientes que fuesen inferiores a los 20.000 euros, la resolución emitida por la nueva autoridad fuese vinculante y en reclamaciones superiores a esa cifra los fallos no tendrían esa consideración.

LLEGÓ A APROBARSE EN EL CONGRESO

   Tras horas de negociaciones a varias bandas en el Congreso, el Gobierno llegó a conseguir que el texto fuese respaldado en el Pleno de la Cámara Baja con el único voto en contra de Vox y la abstención de PP y Junts. Sin embargo, cuando el texto llegó al Senado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó elecciones y se disolvieron las Cortes con todas las iniciativas que estaban en tramitación.

    Cuando concluyó el periodo electoral y se convocaron las Cortes de la decimoquinta legislatura, el Gobierno reemprendió el proyecto con la idea de aprobarlo, pero la aritmética parlamentaria había cambiado y ahora el Ejecutivo tenía más difícil conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante el texto.

    Ese texto desembarcó en el Congreso en abril de 2024 y el periodo para presentar enmiendas de totalidad se estuvo prorrogando hasta octubre de ese año. El PP llegó a presentar una enmienda de totalidad alegando que el Gobierno buscaría "colonizar" el organismo al igual que había sucedido con el Banco de España y el nombramiento del exministro José Luis Escrivá como gobernador de la institución.

   La enmienda de totalidad no prosperó y la ley continuó su trámite parlamentario con el plazo para presentar enmiendas al articulado, que se extendió hasta diciembre de 2024. Y desde esa fecha lleva pendiente que se convoque la ponencia encargada de empezar a examinar el texto legislativo.

PP, VOX Y JUNTS COMPLICAN LA TRAMITACIÓN

   El contexto se antoja complejo para que el texto logre una mayoría suficiente, ya que PP y Vox se oponen de entrada al texto y Junts ha anunciado un bloqueo contra toda la iniciativa del Gobierno. Las tres formaciones suman una mayoría absoluta de 177 diputados en el Pleno del Congreso.

    Pese a este panorama, el ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, trasladó en noviembre de este año su optimismo respecto a que el Congreso finalizase el trámite parlamentario y apruebe el proyecto de ley tras haberse mantenido reuniones sobre este asunto con los diferentes grupos parlamentarios.

   Un mes después, el mismo ministro anunció que sacaba la creación de este organismo de las reformas que el Gobierno prometió a Bruselas para acceder a fondos europeos. Cuerpo alegó que la propia Comisión Europea había instado a España a flexibilizar las reformas pendientes para percibir todo el dinero que le corresponde a España antes de que se agote el programa en agosto de 2026.

   En su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de la UE para dar cuenta de los fondos europeos, el ministro ha explicado que ha sacado esta reforma con rango de ley y otras dieciséis del Plan de Recuperación para lograr el mayor desembolso de fondos posibles.

    Además, ha dicho que la propia Comisión Europea considera estas reformas "menores" al no responder "a retos o a recomendaciones" planteados en Bruselas. "Nosotros seguimos en el ámbito de nuestra gestión legislativa doméstica, pero estas reformas salen de los hitos del Plan de Recuperación", ha sentenciado Cuerpo en la comisión.