Se 'apagaron las alarmas' cuando salió en prensa que Interior avalaba los servicios privados que estaba prestando el policía en activo
MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
BBVA reconoció en su declaración judicial ante el juez del 'caso Tándem' en la Audiencia Nacional que el departamento de blanqueo de capitales supo en 2014 que la firma de detectives privados Cenyt estaba vinculada a José Manuel Villarejo.
Así consta en la grabación de la declaración judicial de Adolfo Fraguas en representación de BBVA y que obra en el sumario de la pieza 9 de 'Tándem', que investiga los contratos entre Villarejo y el banco, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Fraguas justificó entonces que el área de compras del banco o cualquier otra dependencia no podía saber que el área de blanqueo de capitales conocía la vinculación, por su "titularidad real", de la empresa contratada con el ahora excomisario encarcelado porque "es un departamento estanco, como una muralla china".
Según relató, meses después salió publicado en la prensa que el Ministerio del Interior había avalado la compatibilidad de que un policía en activo --Villarejo-- prestaba este tipo de servicios privados, por lo que en caso de que surgiera alguna alarma, la misma se habría 'apagado' en el momento que ve la luz esta información.
Tras esta declaración, la Fiscalía Anticorrupción insistió en que cómo fue posible que una entidad de la dimensión e internacionalidad de BBVA no se parara a pensar en ese momento si los contratos que mantenía con Cenyt desde hacía una década se enmarcaban en la legalidad o no.
"Si hubiera habido alguna preocupación, la misma se mitigaba por la vía de que el Ministerio decía que lo había revisado y que estaba todo bien", respondió Fraguas, a lo que añadió que lo que hizo ver al banco la "verdadera dimensión" de la contratación de Cenyt fue la encarcelación de Villarejo y su socio Rafael Redondo en 2017. "Fue a raíz de esto cuando se actúa", apostilló.
De hecho, Fraguas relató que el último contrato con Cenyt se firmó el 1 de junio de 2016 y se rescindió en noviembre de 2017 --con efectos de diciembre de ese año y vigencia hasta el 1 de junio de 2018-- debido a que el entonces jefe de seguridad Julio Corrochano (a quien se le achaca prácticamente toda la responsabilidad de este caso) contactó con los servicios jurídicos del banco para preguntar si una relación contractual se puede terminar en caso de que una persona relacionada con el proveedor haya entrado en la cárcel.
"TODAS LAS RELACIONES SE BASAN EN UN PUNTO DE CONFIANZA"
En este orden de cosas, la Fiscalía criticó que los sistemas de control interno no hubieran detectado nunca las irregularidades de Cenyt como empresa suministradora de información al banco, debido a que los contratos no habían sido ni homologados por los servicios jurídicos o de compras.
Fraguas señaló que "todas las relaciones se basan en un punto de confianza" y que si la documentación se estaba recibiendo de personas de confianza --en este caso Corrochano-- lo "normal" es que no se sospechara.
El representante legal de BBVA insistió en que el departamento de servicios jurídicos "no puede revisar todo con tanta profundizad porque si no el sistema colapsaría", por lo que en su opinión, si Eduardo Arbizu, quien entre 2003 y 2007 fue director de este área y en 2011 asumió la responsabilidad de control interno, hubiera tenido alguna sospecha "debería haber actuado".
