MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Economía del Congreso de los Diputados ha aprobado, con 23 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones, el proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas solo con enmiendas del PP, un punto que ha provocado las críticas de la oposición, que entiende que no ha habido consenso en el trámite parlamentario.
Los portavoces de los grupos presentes en la reunión de la comisión se han quejado de que la tramitación se la norma se ha llevado a cabo "de manera precipitada" y "sin consenso". Por esta razón, el portavoz del PNV en la comisión, Pedro Azpiazu, ha decidido no acudir para dejar patente su rechazo al modo en el que se ha debatido la norma.
En declaraciones a Europa Press, Azpiazu ha explicado que, en contra del criterio de la oposición, el PP "impuso" que la discusión en comisión tuviera lugar este miércoles, coincidiendo con la recta final de la campaña electoral y que, además, ya avanzó al resto de formaciones que no tenía previsto aceptar ninguna de sus enmiendas. "Han puesto sus fines por encima de la búsqueda de acuerdos", ha denunciado.
"Es una ley no consensuada, intervencionista y que no cuenta con la opinión de los grupos de la oposición", ha criticado el portavoz del PSOE en la comisión, Juan Moscoso, cuyo punto de vista ha sido compartido por sus homólogos del resto de partidos.
TRANSPARENCIA E INDEPENDENCIA
El portavoz del PP en la comisión, Rogelio Araújo, ha explicado que el proyecto de Ley, cuyo debate continuará en el Senado, trata de garantizar la transparencia e independencia de las empresas auditoras. "Con este proyecto se pretende mejorar la confianza del público en los estados financieros de las empresas", ha apuntado.
El texto busca aumentar la transparencia de las actividades de las auditoras, mejorar su independencia, reforzar las competencias del ICAC --organismo al que se atribuyen nuevas funciones--, así como dinamizar y abrir el mercado de auditoría.
Araújo ha señalado que el PP no ha aceptado ninguna de las enmiendas presentadas por la oposición debido a que entendía que suponían "una merma" al incremento de la transparencia e independencia de la actividad auditora.
La normativa incluye como novedad la obligación de que las empresas de interés público realicen un informe adicional en el que se expliquen cuestiones relacionadas con los resultados y el proceso de la auditoría, con el fin de contribuir a la integridad y transparencia de la propia información financiera auditada.
Esta reforma de la Ley de Auditoría fija un periodo máximo de rotación de 10 años, ampliable a otros cuatro años si se celebra un concurso público y si se realiza la labor junto con otro nuevo auditor.
Además, el Gobierno establece limitaciones a los honorarios percibidos por las entidades de interés público. En el caso de servicios distintos de la auditoría, la retribución no podrá superar durante tres o más ejercicios consecutivos el 70% de la media de los honorarios por servicios de auditoría percibidos durante los tres últimos ejercicios.
La Ley de Auditoría entrará en vigor en junio de 2016 tal como establece la Directiva y hasta ese momento se trabajará también en el reglamento que desarrolle la ley, de modo que ambas normas puedan entrar en vigor prácticamente a la vez.
