MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ha solicitado al Gobierno una prórroga de las moratorias legales para hipotecas y créditos más allá del plazo mínimo de tres meses inicialmente establecido.
Las organizaciones pertenecientes al CCU consideran que las asociaciones del sector bancario, al ofrecer moratorias convencionales de hasta un año para los usuarios, han reconocido la necesidad de esta prórroga debido a las dificultades económicas generadas por la crisis del Covid-19.
Sin embargo, consideran el ofrecimiento de las entidades financieras "insuficiente", ya que las moratorias convencionales conllevan el mantenimiento del pago de intereses remuneratorios por las personas consumidoras, mientras que en el caso de las moratorias legales no se cobran tales intereses durante su periodo de vigencia.
Por todo ello, han insistido al Gobierno en la extensión en el tiempo de las moratorias legales, con el fin de que los usuarios puedan beneficiarse de la suspensión tanto de la deuda hipotecaria como del pago de intereses.
En una reunión mantenida con la directora general de Consumo, Bibiana Medialdea, CCU ha valorado positivamente que se haya aceptado su solicitud de garantizar a los consumidores el derecho de reembolso en relación a servicios no prestados y que los bonos a futuro ofrecidos por las empresas no se consideren obligatorios para los usuarios en ningún sector.
Asimismo, el Consejo de Consumidores y Usuarios ha debatido sobre la denominada 'tasa Covid' que están implantando diferentes comercios, bares y restaurantes con el objetivo de compensar los gastos añadidos asociados a las medidas de seguridad e higiene que requiere la actuación contra el coronavirus.
Según CCU, la posición del Ministerio es considerar la tasa una cláusula abusiva cuando se desglosa en la factura, ya que se refiere a gastos de obligado cumplimiento para los establecimientos y no a servicios accesorios opcionales sobre los que el consumidor tenga capacidad de aceptación o rechazo, y supone trasladar al consumidor la obligación de sufragar unos gastos que competen exclusivamente al proveedor en el desarrollo de su actividad comercial o profesional.
En la reunión mantenida también se valoró positivamente la agilidad con la que se ha resuelto la cuestión del reembolso de los viajes cancelados del Imserso, solicitándose igualmente el control y seguimiento de las agencias autorizadas para la comercialización de estos viajes en relación con las devoluciones, y se alertó sobre las subidas de precios, particularmente en los alimentos y productos básicos, considerándose necesario que la Administración permanezca atenta a la aparición de abusos en ese ámbito.
