MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, ERC y Amaiur han presentado enmienda de totalidad contra el proyecto de ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias, que busca culminar el proceso de reestructuración del sector financiero, obligando a las antiguas cajas a reducir su participación en los bancos a los que han dado lugar y a constituirse en fundaciones bancarias con el objetivo de separar los organigramas directivos de ambas instituciones.
Además, la norma establece que las cajas no podrán dedicarse a otras actividades financieras complejas, que han de centrarse en clientes minoristas y pequeñas y medianas empresas y que su ámbito de actuación no podrá exceder el de una comunidad autónoma o diez provincias limítrofes. Tampoco podrán tener un activo superior a los 10.000 millones de euros o una cuota de depósitos por encima del 35% de la región en la que operen.
CONCENTRACIÓN DEL CAPITAL
IU-ICV-CHA argumenta en su enmienda, que recoge Europa Press, que esta Ley de Cajas "certifica el desmantelamiento de unas entidades centenarias" y el "tiro de gracia" para su obra social, y que supone "aceptar que estas entidades han sido el principal problema para la estabilidad del sistema financiero y que, por tanto, la solución reside en reducirlas a una mínima expresión".
"Pero en paralelo se produce un proceso de concentración de capital financiero con la constitución de grupos bancarios privados de cada vez mayor dimensión, cuyo riesgo sistémico también es evidente y que sobreviven gracias al apoyo público", matiza, alertando de que será "imposible exigir un comportamiento prudente" a este "oligopolio".
Esto, unido a la "ausencia de una banca pública" irá según IU-ICV-CHA en "perjuicio de la mayoría social" y constituirá una "irresponsabilidad" al suponer la renuncia a tener una "herramienta financiera eficaz para la recomposición del sistema financiero y para e incremento del crédito". "Hemos de tener presente que la banca no crea riqueza en sí misma y que el proceso de crecimiento basado en el ámbito financiero sin relación con la economía real está condenado a saltar de una burbuja a otra".
Por ello, y tras reconocer los "abusos y errores en la gestión de algunas cajas", la Izquierda Plural recuerda que "los problemas comenzaron cuando se bancarizaron" estas entidades, "imitando la operativa especulativa de la banca privada y abandonando su carácter social", y pide al Ejecutivo que no vuelva a entrar en esa dinámica con esta ley sino que, antes al contrario, haga "irreversible" la nacionalización de entidades, exija representatividad en los bancos que han recibido ayudas públicas, audite las cuentas de todas las entidades e incorpore la obra social a los servicios sociales de la Administración.
ES SÓLO UN "RETOQUE"
Por su parte, UPyD rechaza un proyecto de ley que solo "retoca" el modelo anterior con cambios "insuficientes", por lo que no acaba con el "riesgo de que vuelvan a reproducirse a largo plazo" los problemas en el sector financiero que se han manifestado con esta crisis.
En concreto, critica que los cambios en la estructura de gobierno corporativo son "claramente insuficientes" para evitar la politización de las entidades, y además no se extiende suficientemente la incompatibilidad de cargos, que se mantiene sólo mientras se ocupe un cargo y no tras dejarlo.
La formación magenta incluye asimismo algunas propuestas de mejora del proyecto de ley en ámbitos como la composición de la asamblea general, el consejo de administración o las retribuciones; y se queja de que se haya eliminado algunos "requisitos adecuados" recogidos en el anteproyecto de ley sobre las incompatibilidades, la honorabilidad, la profesionalidad o el buen gobierno.
Con respecto a las fundaciones bancarias, UPyD alerta de que obligar a la venta en un plazo concreto de las participaciones accionariales podría llevar a "precios de derribo" por lo que propone desvincular estas acciones de su poder político a partir de los diez años desde la entrada en vigor de la ley. Y menciona finalmente algunos asuntos que podrían haberse solucionado con este proyecto como la depuración de responsabilidades en la quiebra de las cajas, la recuperación del rescate bancario, las preferentes o la mejora de la inspección del Banco de España.
PARTE DE UN DIAGNÓSTICO "ERRÓNEO"
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) también rechaza un proyecto de ley que parte del "diagnóstico erróneo" de que las cajas son las culpables de la crisis financiera, de tal manera que quienes a su entender sí se encuentran tras el 'crack' financiero --las entidades privadas--, "lejos de pagar han salido fortalecidos".
Para los independentistas catalanes, las medidas para atajar la crisis --incluyendo este proyecto de ley-- han sido "insuficientes" y "pueden provocar gravísimos problemas en el futuro", ya que han impulsado la "conformación de un poderoso oligopolio con ayudas públicas" que no cumplirá la función social que tenían las cajas.
Y ello pese a que el sector bancario "ha demostrado que la gestión en busca del máximo interés privado se acaba convirtiendo en el máximo desastre social". "Y una vez más, desde una visión nacionalista centralista, sin tener en cuenta el ámbito competencial de las comunidades autónomas sobre la materia", zanjan.
Amaiur, por su parte, rechaza el proyecto porque supone "la culminación del proceso de liquidación del modelo de entidad financiera de vocación y carácter social, próxima al interés de la ciudadanía y con sensibilidad a las necesidades y peculiaridades propias del territorio", y su sustitución por un "oligopolio" que perjudicará al interés general.
