MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, afirmó hoy que el plan de reestructuración de entidades financieras sólo contempla el uso de dinero público como última opción, tras el fracaso de soluciones a escala privada como las compras o las fusiones, y de la utilización de recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
En su primera comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, Salgado explicó que el plan de rescate de entidades que diseña el Ejecutivo persigue minimizar la implicación de recursos públicos, que "sólo entrarán en acción cuando no ha habido solución privada ni del FGD".
Si esa primera solución privada no da resultado, hay una segunda etapa en la que el FGD puede intervenir y aportar fondos, y sólo en caso de que siga habiendo debilidades intervendrá el Banco de España con el uso de recursos públicos pertenecientes al fondo que el Gobierno desea crear, insistió.
Asimismo, Salgado puntualizó que el eventual uso de dinero público exigirá que se lleve a cabo la reestructuración de la entidad en cuestión, tal y como sucedió con la intervención de Caja de Castilla-La Mancha (CCM), en la que se apartó a sus gestores de la dirección de la misma.
Salgado explicó que el Gobierno ya ha iniciado contactos "con algunos grupos parlamentarios" y que prevé continuar con dichos encuentros en las próximas semanas con el objetivo de que la norma para reestructurar el sistema financiero español "salga con el mayor consenso posible".
Dicha normativa no implicará una modificación de la Ley de Cajas de Ahorros en cuanto a la competencia de las comunidades autónomas e involucra al sector privado en el diseño del futuro modelo del sistema bancario, dijo la sucesora de Pedro Solbes.
"Deseamos que sea primero el sector financiero el que decida cómo quiere reestructurarlo con las recomendaciones del Banco de España", explicó Salgado, tras insistir en que la sobrecapacidad del sistema "es una debilidad" que puede mermar sus resistencias ante la prolongación de la crisis financiera.
La norma será respetuosa con la distribución de competencias y la disciplina de intervención del instituto emisor español que, en el caso de CCM ha supuesto remozar a los gestores, indicó. Se trata de "una estrategia global que persigue la viabilidad de las entidades a largo plazo", sostuvo Salgado.
La vicepresidenta se mostró a favor de que se articule un instrumento con capacidad de adecuarse a cada situación, ya que "los protagonistas van a ser las propias entidades financieras" junto al Banco de España, que llevará a cabo su tarea de supervisión y de velar por el sistema con carácter general.
Por otro lado, Salgado consideró que el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) es un "ejemplo modélico" de la puesta en práctica de las medidas recomendadas por la Comisión Europea a los Estados miembros para afrontar la crisis financiera.
Asimismo, la vicepresidenta segunda del Gobierno informó de que el consejo rector del FAAF celebrará una reunión el próximo 1 de junio en la que decidirá el camino a seguir tras las modificaciones de la política de liquidez del Banco Central Europeo (BCE), que invertirá 60.000 millones en bonos garantizados.
PP: ¿QUÉ VA A HACER, REDUCIR PLANTILLAS?
El portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, preguntó a Salgado si el Gobierno ha consultado con las entidades si están de acuerdo "en que sobran unas cuantas", y aseguró que "en román paladino" bancos y cajas de ahorros estarán encantados de eliminar la competencia.
"Cuando habla de la reordenación del sector, ¿qué va a hacer, cerrar sucursales y reducir plantillas?", le espetó el dirigente 'popular', quien ironizó sobre la "exitosa experiencia" de CCM, para la que, a su juicio, "no hay una salida programada".
Por su parte, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre expresó su preocupación ante la posibilidad de que el plan de rescate de entidades financieras extienda las futuras intervenciones más allá de aquellas que atraviesen graves problemas de viabilidad económica.
Desde ICV, Joan Herrera propuso a la ministra de Economía y Hacienda que cuando se intervenga una entidad financiera se aproveche su cartera de activos inmobiliarios para crear un parque de viviendas públicas en aras de facilitar el acceso de la ciudadanía.
