Trata de impedir las tasaciones sobrevaloradas y el conflicto de intereses entre la tasadora y la entidad bancaria a la que pertenece
MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno podrá inhabilitar de forma definitiva a las sociedades de tasación que hayan "faltado a la veracidad" en sus valoraciones de los inmuebles que posteriormente se utilizan como garantía de los préstamos hipotecarios, según se desprende del proyecto de Ley de reforma del mercado hipotecario, actualmente en tramitación parlamentaria.
La nueva normativa, a la que tuvo acceso Europa Press, considera esta práctica como una infracción "muy grave", que puede llevar aparejada la pérdida de homologación para prestar los servicios de tasación, además de una multa económica por importe de hasta el 1% de los recursos propios de la entidad, con un límite máximo de 300.000 euros.
Garantizar la independencia de las sociedades de tasación es uno de los principales objetivos de la nueva Ley Hipotecaria y, para ello, el Gobierno ha recogido en la citada norma un catálogo de infracciones muy graves, graves y leves, con sus correspondientes sanciones.
Es dentro de las sanciones muy graves donde se contempla la posibilidad de que las sociedades de tasación, también aquellas que pertenecen a entidades de crédito, "falten a la veracidad" en la valoración de los inmuebles o exista una "falta de concordancia con los datos y pruebas obtenidos en la actividad de valoración efectuada".
Además, también se contempla la posibilidad de "falta de prudencia valorativa" cuando la emisión de las tasaciones se haga a efectos de valorar bienes aptos, ya sea para servir de garantía de créditos que formen o vayan a formar parte de la cobertura de títulos hipotecarios.
ELIMINAR LA FALTA DE INDEPENDENCIA.
El Gobierno trata de eliminar así el conflicto de intereses denunciado muchas veces contra las tasadoras debido a que, en numerosas ocasiones, estas sociedades son propiedad o trabajan para las entidades de crédito que, posteriormente, en función de dicha tasación, otorgarán el correspondiente crédito hipotecario. Actualmente existen en España más de cinco familias con hipoteca.
Desde el Gobierno se asegura que este tipo de medidas se aprueban para garantizar la independencia de las sociedades de tasación, dada su relación o pertenencia en muchos casos al grupo financiero que le encarga la tasación, pero afirma que no le consta que se estén produciendo tasaciones sobrevaloradas.
Por infracción muy grave, el Ministerio de Economía y Hacienda podrá también imponer la sanción de suspensión de la homologación para prestar servicios de tasación entre uno y cinco años, y por infracciones graves, la suspensión de dicha homologación hasta un año. En el caso de la infracción grave (que también puede ser generada por "falta de veracidad" en las tasaciones), la multa asciende al 0,5% de los recursos propios de la tasadora, con un límite de 150.000 euros.
Se entenderá también como infracción muy grave que las tasadoras lleven a cabo actividades ajenas a su objeto social legalmente establecido, presentar deficiencias técnicas en la organización administrativa, su negativa a colaborar con la labor inspectora del Banco de España (éstas dos últimas también puede considerarse infracción grave) o no contar con los requisitos de titulación profesional previstos.
En el caso de las infracciones leves, que serán todas aquellas que no puedan considerarse graves o muy graves, las tasadoras recibirán una "amonestación privada" y la multa máxima podrá ascender a 60.000 euros.
REGLAMENTO INTERNO Y COMISIÓN TÉCNICA.
Junto con este régimen de infracciones y sanciones, la nueva Ley Hipotecaria intenta reforzar la "independencia y profesionalidad" en la actuación de las entidades de tasación y, para ello, contempla la obligatoriedad de elaborar un reglamento interno que recoja las incompatibilidades entre los directivos y administradores de dichas empresas.
Además, las entidades financieras que cuenten con servicios de tasación de una sociedad de su mismo grupo deberán también crear una 'Comisión Técnica', que controle este tipo de operaciones. Habrá, igualmente, un régimen de participaciones significativas para controlar la composición del accionariado de estas entidades. El incumplimiento de cualquiera de estas nuevas obligaciones también conllevará aparejada una infracción grave o muy grave.
