MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros estudió hoy un informe sobre el anteproyecto de ley que regulará la actividad de los intermediaros financieros con el objetivo de reducir los riesgos de los consumidores, aumentar la supervisión y lograr una mayor estabilidad financiera y convergencia de los criterios de solvencia.
El texto trasladará a todas las entidades financieras españolas las condiciones que exige el acuerdo internacional de capital Basilea II en materia de eficiencia y gestión para la reducción de los riesgos.
El anteproyecto será remitido al Consejo de Estado para un dictamen perceptivo y modifica la Ley de 25 de mayo de 1985 de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del sistema financiero.
Entre los princiales riesgos que han de cubrir las entidades financieras destacan los de crédito, de mercado de tipo de cambio y de materias primas y operativos, para los que son necesarios unos requerimientos mínimos de recursos propios.
El Anteproyecto también pone a disposición de las entidades una serie de métodos a la hora de medir esos riesgos en función de su tamaño, grado de sofisticación y complejidad de su actividad.
El Banco de España será el encargado de determinar las condiciones necesarias para la utilización de los métodos más avanzados de medición del riesgo. Del mismo modo, sólo aquellas empresas reconocidas por el instituto emisor podrán utilizar calificaciones externas de riesgo de los créditos para algunos de dichos métodos.
Entre las obligaciones que adquirirán las entidades de crédito también destacan la de poner en marcha procedimientos internos de evaluación de la adecuación de capital. Por otro lado, la nueva norma establece un diálogo activo entre la entidad de crédito y el Banco de España, garantizando una supervisión más personalizada, ya que esta institución deberá divulgar periódicamente los criterios y metodologías que seguirá en el ejercicio de sus actividades de supervisión.
Las entidades también tendrán el deber de divulgar en el mercado información sobre los aspectos clave de su perfil de negocio, exposición al riesgo y formas de gestión del riesgo, con el fin de alentar la adopción de mejores prácticas y aumentar la confianza del inversor.
Por último, el Anteproyecto de Ley refuerza la capacidad del Banco de España en la promoción de buenas prácticas en relación con la normativa de ordenación y disciplina de las entidades de crédito.
En este sentido, le atribuye la capacidad de elaborar y publicar guías dirigidas a las entidades, con el fin de orientarlas acerca de los criterios que seguirá el propio Banco en los ámbitos de su discrecionalidad.
