MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y UPyD han presentado este martes sendos votos particulares al informe de conclusiones propuesto por el PP a la subcomisión de Transparencia en la información de los productos financieros e hipotecarios de las entidades de crédito, según han confirmado a Europa Press fuentes de las tres formaciones parlamentarias.
El documento, que será debatido y votado en la subcomisión el próximo 13 de noviembre, propone medidas para mejorar el funcionamiento del sector financiero, tales como incrementar la información que reciben los usuarios, establecer un periodo de reflexión de entre 24 y 48 horas antes de la firma de un contrato, reforzar las materias financieras en los programas educativos, o identificar claramente las cláusulas más importantes de los documentos y los diferentes tipos de productos en función de un código de colores.
Sin embargo, tanto los socialistas como los miembros de IU-ICV-CHA y de UPyD creen que las propuestas de los 'populares' son "parciales", "limitadas" y "genéricas", y que, por tanto, se quedan "cortas" tanto para solucionar los problemas que actualmente existen en relación con el sector financiero como para prevenir que se repitan en el futuro.
LIMITAR LAS COMISIONES BANCARIAS
Por ello, el PSOE ha decidido mantener como voto particular al informe su propuesta de resolución, que incluye propuestas como limitar las comisiones que pueden cobrar los bancos, obligarles a crear un depósito para afrontar las posibles sanciones por reclamaciones relacionadas con participaciones preferentes o limitar al 15% TAE los tipos de interés de los créditos al consumo.
En relación con las hipotecas, el principal partido de la oposición plantea que se suspendan las ejecuciones durante tres años para viviendas habituales y locales en determinadas circunstancias familiares, o que los tribunales puedan denegar de oficio el desahucio si detecta cláusulas abusivas, entre otras ideas.
Asimismo, el PSOE plantea que se regulen las operaciones de canje de preferentes y deuda subordinada aún en manos de minoristas para que puedan acceder a esta posibilidad de forma voluntaria, recuperando el valor nominal de su inversión y pudiendo optar al canje por depósitos a un plazo no superior a tres años.
MÁS REGULACIÓN Y SANCIONES
Por su parte, la Izquierda Plural, que no presentó iniciativas de resolución, sí aprovecha el voto particular para señalar que, aunque no se opone al documento propuesto por el PP, cree que es "muy limitado y parcial y no puede suponer una solución al problema". "Las medidas propuestas son tan solo recomendaciones al sector financiero, cuando la respuesta debe consistir en reforzar la regulación y, si procede, en medidas de carácter punitivo", señala, argumentando que los millones usados para rescatar al sector deben conllevar como "mínimo" un nivel de regulación y exigencias "mayores".
Así, para dar solución a los problemas actuales y futuros, exige que se reconozca la dación en pago como solución preferente para impagos hipotecarios de primera vivienda por deudores de buena fe, que se pueda seguir residiendo en el piso con un alquiler no superior al 30% de los ingresos durante cinco años, que se propongan leyes de Sobreendeudamiento Personal y de Segunda Oportunidad, y que las futuras hipotecas no puedan ser por más del 80% del valor de la vivienda, por un máximo de 30 años y siempre que no comprometan más del 30% de los ingresos del titular.
IU-ICV-CHA exige asimismo separar totalmente las empresas de tasación de los bancos, limitar los intereses de demora en caso de impago, crear un nuevo índice hipotecario que sustituya al IRPH y que sea equivalente al Euríbor más 1%, anular todas las cláusulas suelo abusivas y "establecer legalmente límites a los diferenciales de tipos aplicados a los préstamos hipotecarios".
Con respecto a las preferentes, se exige la devolución inmediata de la inversión total a los afectados por la mala comercialización del producto y la apertura de un proceso de análisis sobre las reformas legislativas necesarias para separar la banca de ahorro y la de inversión; mientras que contra los "privilegios" del sector financiero se propone reducir las comisiones, extender las limitaciones de salarios a todos los directivos bancarios, prohibir cualquier sistema de incentivos que "fomente comportamientos especulativos" y reformar "profundamente" el sector para crear un sistema de banca pública.
NO RESUELVE LOS PROBLEMAS PENDIENTES
También UPyD cree que la subcomisión ha sido un "foro útil" y que el documento de propuestas de resolución incluye algunas ideas que comparten, pero cree que se "quedan muy cortas" y "desaprovechan muchas aportaciones relevantes". "Las conclusiones incluidas son un tanto genéricas, algunas de ellas meras recomendaciones de cumplimiento voluntario para las entidades", lamenta, añadiendo que estas iniciativas pueden "dificultar" que se repitan comportamientos pero "eso de ninguna manera implica que se hayan resuelto los problemas pendientes del pasado".
Además, la formación magenta cree que "casi todo el enfoque se centra en productos del pasado sin tener en cuenta las posibles mutaciones futuras" y, aunque reconoce que el informe puede "mejorar el marco actual", también cree que "es radicalmente insuficientes para evitar casos parecidos en el futuro" o para detectarlos en sus fases iniciales.
Por ello, insiste en algunas de sus propias ideas, como establecer máximos para las comisiones por servicios financieros básicos, obligar a las entidades a tener disponibles en Internet en todo momento los contratos asociados a cada producto para que puedan ser consultados por los ciudadanos, reforzar el asesoramiento independiente o devolver la totalidad de la inversión a los preferentistas estafados.
El PNV, que no registró propuestas de resolución, tampoco presentará voto particular, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.
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