MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
Facua-Consumidores en Acción considera insuficiente que la Comisión Europea se limite a aplicar "multas ridículas" a los bancos por manipular tipos de interés de referencia como el Euríbor y plantea la necesidad de que las autoridades adopten medidas para compensar a los consumidores afectados.
La Comisión Europea ha impuesto este miércoles una multa récord de 1.700 millones de euros, la más alta de la historia, a seis grandes bancos internacionales y europeos -Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Général, JPMorgan, Citigroup y RP Martin- por participar en un acuerdo ilegal para manipular tipos de interés de referencia como el Euríbor o el Líbor. Barclays y UBS, que también participaron en los cárteles, se han librado de las multas por ser los primeros en delatar su existencia ante Bruselas.
En concreto, en el cártel para manipular el euríbor participaron Barclays, Deutsche Bank, Société Génerale y Royal Bank of Scotland, multadas por este motivo con una cantidad ínfima total de 1.042,8 millones de euros.
En este sentido, Facua señala que la multa más elevada por alterar el índice europeo, los 465,9 millones de euros impuestos a Deutsche Bank por 32 meses de infracción, suponen una miseria si se comparan con los 6.500 millones de beneficio que obtuvo el banco en 2007, mientras el cártel estaba operativo.
Asimismo, la organización considera que "este asunto no puede quedar zanjado mientras no se compense a los innumerables consumidores que pueden haber sufrido la alteración de los tipos de interés de sus hipotecas".
De este modo, Facua exige a las autoridades europeas y nacionales que establezcan los mecanismos necesarios para que las multas acaben revirtiendo en los consumidores afectados, como sucede en otros países como Estados Unidos.
Así, la organización recuerda que el Gobierno de EEUU llegó recientemente a un acuerdo con JPMorgan por el que pagaba 13.000 millones de dólares (9.606 millones de euros) por el fraude de las hipotecas subprime, de los que 9.000 millones de dólares (6.650 millones de euros) iban destinados a cerrar las reclamaciones civiles presentadas por varias instituciones, mientras que los otros 4.000 millones de dólares (2.956 millones de euros) servirían para ayudar a los consumidores afectados.
