MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha asegurado que el Ministerio de Justicia está trabajando "hacia procedimientos civiles rápidos" con el fin de acelerar la identificación de situaciones de vulnerabilidad en el caso de desahucios y así que el propio juzgado "pueda arbitrar medidas para su protección".
Así lo ha asegurado la responsable de Vivienda de los socialistas en el Congreso, Mar Rominguera, durante el debate de la moción llevada a la Cámara Baja por el grupo de Unidos Podemos, tras la interpelación dirigida la semana pasada a la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño.
Con esta iniciativa, Unidos Podemos exige el cumplimiento de las recomendaciones y dictámenes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de Naciones Unidas y la remisión de forma inmediata de todas estas resoluciones y medidas cautelares a los juzgados competentes y servicios sociales correspondientes.
El PSOE ha defendido que estas recomendaciones y dictámenes ya se remiten a los juzgados y a los servicios sociales, y que los departamentos de Justicia y Fomento trabajan por garantizar el derecho a la vivienda de colectivos vulnerables.
Respecto a Justicia, ha señalado que se trabaja en la mejora de la coordinación con los servicios sociales de administraciones locales y autonómicas para evitar que haya personas en situación de vulnerabilidad afectadas por desalojos, o que éstos se produzcan sin alternativa, y que "en este esfuerzo colabora la Abogacía General del Estado".
SOLO PDECAT CONFIRMA SU APOYO A PODEMOS
Durante el debate de la moción, únicamente el PDeCAT ha avanzado su apoyo al texto presentado por Unidos Podemos, que se votará en el Pleno de este jueves. El PP, el PSOE y Ciudadanos han presentado cambios al texto, que no aceptados por el grupo proponente. De su lado, el PNV adelantado su abstención.
En defensa de la iniciativa, el diputado de Podemos Rafa Mayoral ha lamentado que, pese a reconocer España al Comité DESC la posibilidad de emitir dictámenes, luego se pone en duda que sean vinculantes.
"Eso es violar la Constitución", ha aseverado, señalando que la propia Carta Magna equipara su cumplimiento al de las sentencias judiciales y instando a "meter en vereda" a "los especuladores" que impulsan "desalojos forzosos" sin alternativa habitacional.
Diego Clemente, de Ciudadanos, ha defendido que las resoluciones del Comité DESC "son vinculantes, pero no jurídicamente", por lo que ha abogado por incorporar al ordenamiento jurídico medidas de protección dentro de una Ley de segunda oportunidad para facilitar la reestructuración de las deudas, la dación en pago o el alquiler social.
Por parte del PP, Raquel Alonso ha defendido las políticas desarrolladas por el anterior Gobierno, destacando que la propia ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, "puso como ejemplo" medidas tales como la reforma hipotecaria o el código de buenas prácticas de la banca.
Por último, Jordi Xuclà, del PDeCAT, ha cuestionado las intervenciones precedentes, pues ninguna de las mismas han comentado los dictámenes del Comité DESC o su incumplimiento pese a estar adscrito España a las mismas, precisamente en un país que acumula el 30% de viviendas vacías de toda Europa, según ha criticado.
