MADRID 13, (EUROPA PRESS)
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pasará
a integrar en la próxima legislatura una veintena de empresas y entes
públicos que constituyen el grueso del actual sector público
industrial del Estado, y centrará su objeto social en las funciones
de saneamiento y consolidación, pasando a un segundo plano las
labores como agente privatizador, informaron a Europa Press en
fuentes gubernamentales.
El objetivo de esta reordenación es aprovechar la acreditada
capacidad de gestión del grupo público, cuyas actuaciones de
saneamiento financiero llevadas a cabo desde junio de 1996 han
permitido al Estado eliminar deudas y cargas por valor superior a 2
billones de pesetas.
En concreto, se prevé que en la próxima legislatura pasen a
depender de SEPI Radio Televisión Española (RTVE), Renfe, Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA), la agencia EFE, la Empresa
Nacional de Autopistas, Trasmediterránea, Alicesa, Minas de Almadén y
Expasa (Expropiación Agrícola), entre otras.
Actualmente, estas empresas y entes, en situación deficitaria y
con un componente de servicio público, están en la órbita de
distintos departamentos, como Presidencia del Gobierno, Ministerio de
Fomento o Ministerio de Economía. Con su integración en SEPI, se
sumarán a las 13 empresas que aún permanecen en el grupo público,
entre las que destacan Iberia -que se privatizará totalmente este
año-, Ence, Musini y Astilleros Españoles.
SEPI DEPENDERA DE ECONOMIA O PRESIDENCIA.
Queda pendiente de definir de qué Ministerio dependerá la propia
SEPI, si de Economía y Hacienda o de Presidencia, ya que la
proyectada transformación del Ministerio de Industria en el
Ministerio de Innovación y Tecnología resta sentido al mantenimiento
del actual vínculo de organigrama.
Fuentes gubernamentales adelantaron a Europa Press que la nueva
SEPI centrará sus funciones en el saneamiento y consolidación de las
empresas y entes públicos que queden bajo su órbita, siguiendo las
directrices marcadas por el Plan de Modernización del Sector Público
Empresarial del Estado, de junio de 1996, pasando a un segundo plano
su faceta privatizadora, la que ha captado más atención informativa.
El ministro de Industria, Josep Piqué, y el subsecretario del
Ministerio de Economía, Fernando Díez Moreno, expresaron el pasado
día 7 su conformidad en integrar en la SEPI todo el sector público
empresarial del Estado, para aprovechar la experiencia del grupo que
preside Pedro Ferreras en el seguimiento y control de todo tipo de
proyectos empresariales.
Ferreras señaló al respecto que SEPI ha demostrado ser un
"magnífico instrumento" para realizar un proceso de saneamiento,
consolidación y privatización de empresas públicas, si bien indicó
que no todas deben ser objeto de privatización. Resaltó que SEPI
cuenta con experiencia dilatada y equipos de acreditada
responsabilidad para desempeñar esta tarea en la próxima legislatura.
"Es más fácil controlar las empresas desde un "holding" de este
tipo que desde una Dirección General. SEPI podría desarollar
funciones de "holding" de control y desarrollo de estrategias para
las empresas", señaló Ferreras.
La Comisión Financiera de Empresa Pública -dependiente de la
Comisión Delegada para Asuntos Económicos-, presidida por el ministro
de Economía, Rodrigo Rato, y en la que están representados los
ministerios de Industria, Economía y Fomento, realiza habitualmente
el seguimiento de los procesos de privatización, destacando en
numerosas ocasiones la labor desarrollada por SEPI en este periodo
como una experiencia aprovechable para otros cometidos.
SEPI ha liberado a los Presupuestos Generales del Estado de
inyectar fondos a las empresas deficitarias, que habían recibido 2,35
billones de pesetas entre 1998 y 1996 y acumulaban pérdidas en el
periodo de 1,35 billones. Además, cambiado el enfoque del problema,
al dejar de cubrir simplemente los déficits corrientes de las
empresas y dotarlas de planes que les permiten alcanzar la plena
autonoía financiera a corto plazo.
Desde julio de 1996, SEPI ha privatizado un total de 33 empresas,
con unos ingresos de 2,7 billones que han dejado unas plusvalías de
1,8 billones. Este año prevé ingresar unos 360.000 millones por
privatizaciones, cifra que podría verse modificada si las operaciones
previstas alteran su calendario.