MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido a la Fiscalía General del Estado que investigue la posible comisión de un delito por parte de registradores y notarios en las escrituras de cancelación, novación y subrogación de hipotecas.
Al mismo tiempo, la asociación pide al Gobierno la eliminación de los "privilegios" que considera que otorga a estas instituciones el Real Decreto-Ley 18/2012 introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, en detrimento de los consumidores.
OCU explica que los registradores y notarios han triplicado de forma abusiva el cobro de las escrituras de cancelación, novación y subrogación de muchas hipotecas, y que, a pesar de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, siguen cobrando de más amparándose en la "impunidad" de un sistema particular de reclamaciones que solo da 15 días hábiles de plazo al consumidor para impugnar las minutas.
Aplicando el arancel correctamente, una escritura de cancelación de hipoteca debería costar alrededor de 70 euros de gastos de notario y 24 euros de registrador, frente a los más de 200 euros que cobran lo notarios y los más de 100 euros que cobran los registradores, denuncia OCU.
De esta forma, asegura que los registradores y notarios están ignorando al Alto Tribunal aplicando de forma reiterada e "incorrecta" el arancel y cobrando de más a los consumidores.
"Esta practica está amparada por la desidia de la Administración, pues a fecha de hoy no nos consta que la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN) haya publicado ninguna instrucción al respecto ni haya tomado medida alguna para garantizar que se está aplicando el arancel correctamente en línea con la sentencia del Tribunal Supremo", subraya.
Para OCU, esta situación causa un "claro perjuicio" a los consumidores que se ven obligados a pagar un precio superior en sus escrituras de cancelación, subrogación o novación de hipotecas. De hecho, considera que deberían devolver las cantidades cobradas de más.
Por último, la asociación asegura que se va a dirigir a los grupos parlamentarios para solicitar una "profunda" reforma del sistema notarial y registral para "acabar de una vez por todas" con los privilegios de un colectivo que de forma reiterada actúa impunemente en contra de los consumidores.
