SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El número de personas detenidas en la 'Operación Medina', abierta por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) contra la mayor trama del fraude en el IVA en España que se aproxima a los 400 millones de euros, se eleva ya a 45 personas y no se descartan nuevas detenciones, puesto que la operación continúa abierta.
Según informó en rueda de prensa, la delegada especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Pilar Fernández, se han efectuado 38 registros en diversas sociedades y domicilios andaluces, madrileños, canarios, aragoneses, catalanes, valencianos, asturianos, castellano manchegos y vascos. Destacó, además, que entre los detenidos figura uno de los considerados cerebro de la organización de tramas de fraude en la Unión Europea.
En Andalucía se han llevado a cabo nueve detenciones, ocho en Málaga y una en Sevilla, y un total de cuatro registros. El mayor número de detenciones se produjeron en Madrid, con once y once registros, le sigue Canarias, con nueve detenidos en seis registros, Cataluña, con seis detenciones en nueve registros.
Asimismo, en Aragón se ha detenido a cinco personas y se han realizado cuatro registros, mientras que en Valencia han sido cuatro los detenidos y sólo se ha realizado un registro. Por último, en el País Vasco y en Asturias se ha detenido a una persona respectivamente y también se ha efectuado un registro en cada comunidad.
De este modo, según explicó el jefe de Dependencia Regional de Aduanas, Alberto García, hasta el momento hay 158 personas imputadas, de las que nueve son extranjeras, concretamente indios, británicos e italianos. Asimismo, se han investigado 128 sociedades --de las que seis eran de Austria, Dinamarca, Holanda y Mónaco-- en las que han intervenido 351 funcionarios, 250 del servicio de vigilancia aduanera que actuó en el operativo de ayer.
García también informó de que en la operación se han embargado 120 cuentas corrientes de las diferentes empresas investigadas en 22 entidades bancarias, todas ellas en España, y que los delitos que se imputan son fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
'MODUS OPERANDI'
Por su parte el jefe del Departamento Regional de Inspección, Ignacio J. Méndez, indicó que la trama funcionaba a partir de una sociedad inicial, denominada 'trucha', que "realizaba o simulaba realizar operaciones de compra de productos en la Unión Europea", que están exentas de IVA. Dicha sociedad tenía al frente a administradores insolventes o bien usaba a testaferros, tales como indigentes o personas jubiladas.
A partir de ahí, la empresa 'trucha' transmite la mercancía con IVA a otras sociedades pantallas, si bien el impuesto no es ingresado en ningún momento. Méndez señaló que el objetivo de estas 'pantallas' es dificultar la detección del fraude por parte de Hacienda, "de modo que cuantas más sociedades falsas se creen más difícil es de detectar el engaño".
Por último, las mercancías pasan a un empresario de la distribución que, o bien las vende a clientes finales o a otros distribuidores dentro o fuera de España. En el caso de las ventas al extranjero, en muchas ocasiones se solicitaba a Hacienda la devolución del IVA, que nunca se había pagado, por tratarse de ventas externas.
Fernández destacó el trabajo realizado para evitar el fraude fiscal en España "está dando resultado" y dijo que "seguiremos trabajando porque creemos que esta es la línea que hay que llevar a cabo". En este sentido, hizo referencia a la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, que ha entrado hoy en vigor, y que permitirá pedir, entre otros puntos, la responsabilidad subsidiaria a aquellos distribuidores que compren mercancías a precios más baratos y que puedan presumir que se por no haber ingresado el IVA.
En este sentido, Fernández destacó las medidas de prevención que se están tomando como son el control del Registro de Operadores Intercomunitarios (ROI), necesario para poder comerciar en la UE, en el que se han investigado desde enero de este año 25.000 empresas, de las que se ha dado de baja o negado el alta a 3.600, porque "eran empresas ficticias", dándose el pertinente aviso al resto de países de la UE. Por último, la delegada destacó la colaboración con otros países europeos para destapar la organización.
La investigación se inició hace año y medio y fue puesta en conocimiento judicial en febrero de 2005. La instrucción del mismo la inició Juzgado de Instrucción número 5 de Málaga, quien ha autorizado los registros en las empresas y los domicilios.
