MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso de los Diputados remitió hoy al Senado el proyecto de Ley del Fraude Fiscal pactado entre PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos, con la abstención de ERC e IU-ICV y la oposición del PP a una parte de las enmiendas del proyecto, que incluye la reducción al 1% del porcentaje de retención en las facturas que se emiten entre contribuyentes que tributan en módulos, frente al 3% que contemplaba inicialmente el proyecto del Gobierno, con el fin de evitar el uso de facturas falsas.
La ley aprobada en la Cámara Baja recoge una de las demandas de CiU y una de sus principales críticas a la Ley de Prevención, ya que los nacionalistas catalanes consideraban excesiva dicha retención. De hecho, CiU planteó una enmienda para suprimir esta retención o bien reducirla al 0,5%, porcentaje que finalmente se ha quedado en el 1% tras un acuerdo pactado con el PSOE recientemente.
Socialistas y nacionalistas ya pactaron nueve enmiendas más a este proyecto de Ley durante la tramitación en la Comisión de Economía del Congreso, entre las que destaca la exoneración de responsabilidad de los contribuyentes cuando la referencia catastral --que es obligatorio incluir en la declaración del IRPF-- no exista o no pueda ser conocida directamente ni a través de la oficina virtual del Catastro.
En la misma línea, las compañías eléctricas --obligadas también a incluir la referencia catastral en los contratos de suministro--, que tengan problemas para aportar esta información, podrán comunicar a la administración los titulares de los contratos de suministro para que sea la administración tributaria quien les requiera la aportación de la referencia catastral.
Con este cambio se intenta dar las "mayores facilidades" y las "menores molestias" tanto a las compañías suministradoras, como a los propios clientes de éstas, mediante un proceso en dos fases: en la primera se asignarán los números de referencia catastral a la mayoría de los inmuebles afectados y, en la segunda, la administración tributaria solicitará a los afectados los números de referencia catastral que falten para comunicarlos a las empresas suministradoras.
COMISION DE ESTUDIO SOBRE TÉCNICOS.
Otra enmienda pactada entre ambos grupos pide al Ministerio de Economía y Hacienda y a la Agencia Tributaria que articulen las medidas oportunas para asegurar la adecuación de la actividad desarrollada por los funcionarios de los cuerpos técnicos de Hacienda, de Auditoría y Contabilidad y de Gestión Catastral, "en un marco de diálogo con las diversas instancias representativas del personal" afectado.
En este sentido, reclaman elaborar un estudio que desarrolle un plan operativo de recursos humanos, con arreglo a los siguientes criterios: estructura de los puestos de trabajo que permita el desarrollo de la carrera administrativa de cada ámbito funcional, adecuación del contenido y características de los puestos de trabajo a las condiciones de su desempeño y adecuación de los planes de formación y del contenido de los procesos de formación interna.
De esta manera, se da respuesta a la huelga indefinida convocada por el sindicato Gestha, que aglutina al cuerpo técnico de la administración tributaria, por la negativa del Ministerio de Hacienda a crear un grupo de categoría superior para englobar a este colectivo. Además, desde Gestha se denuncian también las "presiones" de los inspectores de Hacienda para crear dicho cuerpo.
RESPONSABILIDAD SUBSIDARIA EN IVA.
PSOE y CiU transaccionaron también mejorar la responsabilidad subsidiaria en el IVA de las empresas que adquieran mercancías y que obtengan un beneficio extraordinario por el impago de impuestos, al comprarlas a un precio inferior al de mercado.
En este sentido, se entenderá que los destinatarios de las operaciones mencionadas deben "razonablemente presumir" que el impuesto repercutido no ha sido objeto de declaración cuando hayan comprado los bienes adquiridos con un precio que sea "notoriamente anómalo", entendiendo por tal, un precio "sensiblemente inferior" al correspondiente a dichos bienes en las condiciones en que se ha realizado la operación o al precio satisfecho en adquisiciones anteriores de bienes idénticos.
Con estas modificaciones, la Ley de Prevención del Fraude se adapta el nuevo supuesto de responsabilidad a los criterios de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de mayo de 2006, relativa a la compatibilidad con la Sexta Directiva de determinadas medidas nacionales de lucha contra el fraude en relación con una norma vigente en el Reino Unido sobre esta materia.
REBAJAR UN 25% LOS RECARGOS.
Otro acuerdo entre PSOE y CiU es rebajar un 25% los recargos que deben pagar los contribuyentes cuando presentan, de forma voluntaria, declaraciones fuera de plazo, con el fin de 'premiarles' frente a los que regularizan su situación tributaria tras una inspección.
La ley también supone que el contribuyentes no sólo deberán consignar en las escrituras el medio de pago por el han adquirido sus inmuebles, sino que tendrán que especificar también la cuantía del mismo, el momento y el medio por el que se hizo (cheque, en metálico o por transferencia). También se obliga a los contribuyentes a consignar el NIF de los intervinientes en estas operaciones y se especifica que no se podrá inscribir la escritura en el Registro de la Propiedad si no se incluyen todos estos datos.
Dentro de las nuevas obligaciones de los notarios, el grupo socialista presentó otra enmienda a la Ley de Prevención del Fraude, en la que se establecen unos canales de acceso directo a la información contenida en el índice único informatizado que deberá crear el Consejo General del Notariado.
Asimismo, se vincula la concesión por los ayuntamientos de la licencia de primera ocupación a la acreditación de la presentación de la declaración catastral de nueva construcción, atendiendo una petición de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y se incluye dentro del control y supervisión en blanqueo de capitales, a sociedades gestoras de entidades de capital riesgo y a entidades de esta naturaleza que se autogestionen, al considerarlas entidades financieras.
DEBATE PARLAMENTARIO.
En el debate de hoy, la diputada del PP Ana Madrazo indicó que la ley supone "una campaña de marketing más" del PSOE, que no aporta nada nuevo, pero que sí aumenta "injustamente la inseguridad jurídica" en perjuicio de los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales.
De su lado, la diputada socialista Carolina Castillejo defendió el acuerdo con CiU, subrayando las enmiendas dedicadas a técnicos, y aclaró la "falsedad" de afirmaciones recientes del PP sobre la fragmentación de la Agencia Tributaria como consecuencia de esta ley.
Del lado de CiU, socio prioritario en la política fiscal del Gobierno, su portavoz, Josep Sánchez Llibre, se congratuló por el texto pactado, y defendió sus planteamientos en materia de fraude, asegurando que el proyecto de ley "ha mejorado" después del trámite parlamentario.
Por su parte, Gaspar Llamazares (IU-ICV) y Joan Puig (ERC) avanzaron en el debate su abstención por considerar que la ley se "queda corta" o es "demasiado tímida" y está "lejos de ser eficaz". Olaia Fernández del BNG destacó la importancia de luchar contra la economía sumergida en España, que supone el 23% del PIB.
