MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha valorado de forma muy positiva el plan especial lanzado esta mañana por la Agencia Tributaria para embargar cajas de seguridad bancarias a contribuyentes con deudas con Hacienda por 319 millones de euros, pero ha indicado que la deuda total pendiente de cobro asciende a 50.000 millones de euros.
El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, indicó, en declaraciones a Europa Press, que si bien se trata de una actuación "muy buena, positiva y decisiva" para intentar cobrar estas deudas, apenas se podrá recuperar el 0,6% del total de la deuda pendiente de cobro, por lo que hay que valorar la actuación "en su justa medida". "Es muy llamativa y singular, pero supone una cifra muy baja en relación con la deuda total sin cobrar", añadió.
Mollinedo señaló que la operación se ha realizado por sorpresa para evitar el 'efecto aviso' y el vaciamiento de las cajas de seguridad, y recordó que ya en 2008 se llevó a cabo alguna actuación similar a ésta, pero con mucha menor envergadura y no en todo el territorio nacional.
A pesar de que en la mayoría de los casos estas cajas de seguridad contienen dinero en efectivo, joyas o metales precisos, Mollinedo advirtió de la posibilidad de que algunas de ellas puedan contener drogas o armas, lo que supondría una "problemática añadida" para la Agencia Tributaria. Así, recordó que si el contribuyente se niega a abrir la caja, se pedirá autorización judicial para ello y lo previsible es que el juez la otorgue.
DETERMINAR LA PROCEDENCIA DEL DINERO.
Por otro lado, el portavoz de Gestha apuntó que si en las cajas hay dinero en efectivo, además de saldar con él las deudas contraídas, la Agencia Tributaria debe determinar la procedencia del dinero "para evitar que Hacienda blanquee un posible dinero obtenido de forma irregular". Posteriormente, se debe liquidar el incremento patrimonial no justificado, con la correspondiente sanción.
En el caso de descubrirse bienes o activos en el extranjero ocultos al fisco, además de liquidar los impuestos correspondientes, se debería aplicar la sanción máxima, que asciende al 150% del importe oculto a Hacienda.
