Archivo - La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo
MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) consideran que la subida el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) planteada por el Ministerio de Trabajo para 2027, del 5,3%, supone "una utilización política de su capacidad legislativa" en vísperas de las elecciones generales.
Además, afea que han conocido esta propuesta a través de la prensa después de que el Ministerio convocara este viernes a los interlocutores sociales para abordar este tema.
En concreto, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha elaborado un borrador de real decreto en el que fija una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2027 del 5,3%, hasta los 1.286 euros al mes en 14 pagas (42,87 euros al día) o un total de 18.004 euros anuales.
Así consta en el texto que Trabajo ha llevado a audiencia y participación pública y que sitúa el alza del SMI por encima del 4,9% propuesto por la comisión de expertos que asesora al Gobierno en este materia. No obstante, este porcentaje del 5,3% es inferior al 7% que demandan CCOO y UGT.
La patronal considera que, dado que las elecciones generales están convocadas para el próximo 29 de noviembre, la decisión sobre el SMI para el próximo año debería estar reservada para el Ejecutivo que resulte elegido, "sea del color que sea", y adoptarla antes de que acabe el presente año respetando los plazos legales. Defiende, además, que esta alternativa permitiría contar con indicadores económicos más precisos "en un contexto de incertidumbre".
Por tanto, pide "actuar con lealtad institucional, esperar al resultado electoral y adoptar la decisión con una mayor información técnica".
No obstante, CEOE y Cepyme aseguran que la mejora de las rentas más bajas debe ser un "objetivo compartido y compatible" con la creación y el mantenimiento del empleo, la competitividad y productividad de las empresas y el funcionamiento de la negociación colectiva, a la vez que considera "sorprendente" que el Gobierne impulse el alza de los salarios mientras lleva "casi una década sin resolver la actualización de los contratos públicos".
Por todo ello, han reiterado su "compromiso con la mejora de los salarios", pero rechazan "su utilización política" y reclaman que las decisiones se adopten mediante diálogo social "leal, con criterios económicos objetivos y teniendo en cuenta su impacto sobre el empleo, las empresas y las familias".
