Ignacio González, presidente de Aecoc. - PABLO SAROMPAS/AECOC
MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) cifra en 92.000 millones de euros el impacto macroeconómico del absentismo laboral en España, donde crece casi cinco veces más rápido que en la Unión Europea (UE), según publica este miércoles.
Esta cifra la presenta como la segunda partida de gasto público tras las pensiones y la sanidad y supone 20.000 millones de euros más que lo que destina España anualmente a educación pública.
Además, denuncia que la evolución de este "problema" compromete la competitividad de las empresas, la creación de empleo de calidad, la mejora de los salarios y la sostenibilidad del Estado de bienestar.
Entre 2018 y 2024, las ausencias por incapacidad temporal (IT) crecieron un 73% en España, frente al 16% de media en la UE-27, lo que supone que el ritmo de crecimiento español fue 4,6 veces superior al comunitario, de acuerdo con el primer informe del 'Observatorio Aecoc de Absentismo Laboral', elaborado junto a Marlex en colaboración con Umivale Activa y con base en la información de la Sala Segura del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
A esto se suma que España registra 4,9 semanas perdidas por enfermedad por trabajador y año, la cifra más elevada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con un incremento del 69% desde 2018, frente al 15% de media.
Por sectores representados en Aecoc, la tasa de absentismo por incapacidad temporal se situó en el 7,56% en logística, el 7,15% en la industria de la alimentación, el 6,48% en el transporte terrestre y el 6,15% en el comercio minorista, frente al 5,94% de media nacional.
En el mismo periodo antes mencionado, esta tasa aumentó un 44% en el conjunto de España, ante lo que la asociación sostiene que "no responde a un repunte coyuntural, sino a una tendencia sostenida" que afecta sobre todo a actividades intensivas en empleo y con una "elevada" dependencia de la disponibilidad y presencialidad de sus plantillas.
El informe también identifica un aumento de las bajas de larga duración: entre 2018 y 2024 la prevalencia de procesos de incapacidad temporal superiores a 365 días creció un 95%, mientras que, a cierre de 2024, el 17,4% de los procesos que seguían activos superaba los doce meses, frente al 12,6% registrado en 2018. Aunque estos procesos representan el 2,4% de las bajas finalizadas, concentran el 34,1% de los días de trabajo perdidos, indica.
Los datos apuntarían asimismo a un cambio en el perfil de las personas que inician procesos de incapacidad temporal. Entre 2018 y 2024, la incidencia entre los menores de 35 años aumentó un 152% --al pasar de 16,3 a 41 procesos mensuales por cada 1.000 trabajadores protegidos--, al tiempo que entre los mayores de 55 años descendió un 27% --de 33,8 a 24,6 procesos--, si bien la duración media de las bajas de los mayores de 55 años alcanza los 82,2 días, frente a los 20,9 días de los menores de 35.
Por su lado, el director general de Umivale Activa, Héctor Blasco, destaca la repetición de procesos en un grupo reducido de trabajadores (el 16,2% de las personas trabajadoras concentra el 69,3% de las bajas y el 62,6% de los días perdidos por IT), la larga duración de las bajas médicas y las patologías de más difícil objetivación (problemas musculoesqueléticos y salud mental) para explicar el incremento de la incapacidad temporal en los últimos años.
"No podemos abordar todas las bajas de la misma manera. Necesitamos entender mejor la repetición, intervenir antes de que los procesos se prolonguen y prestar especial atención a las patologías que concentran la mayor parte del crecimiento", con el objetivo de orientar mejor las reformas normativas que se requieren, los esfuerzos, los recursos necesarios y, finalmente, mejorar la gestión de la IT, analiza.
RESPUESTA COORDINADA, PREVENCIÓN Y COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Desde las empresas apuntan a las listas de espera del sistema sanitario como "uno de los principales factores que prolongan las bajas" --como las demoras en Atención Primaria, las dificultades para acceder a pruebas diagnósticas y las esperas para determinadas intervenciones quirúrgicas-- y piden mejorar la coordinación entre los servicios públicos de salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las organizaciones.
Asimismo, tres de cada cuatro empresas participantes valoran como baja o muy baja la eficacia del marco regulatorio actual para gestionar y controlar el absentismo no justificado y las organizaciones reclaman procedimientos más claros, una mejor comunicación de las bajas y una mayor homogeneidad en los criterios de actuación, si bien ninguna cuestiona la necesidad de proteger a las personas trabajadoras que están "realmente enfermas", de acuerdo con el informe.
Aunque atribuyen dos tercios de los factores que influyen en el fenómeno al entorno externo y un tercio a elementos internos, identifican margen de mejora propio en las condiciones de trabajo, la conciliación, el liderazgo y los programas de bienestar.
Como medidas con mejores resultados señalan la utilización de servicios médicos propios o externalizados, el seguimiento de los procesos de incapacidad temporal, la cobertura sanitaria privada complementaria y los programas de apoyo psicológico.
Finalmente, por su parte, la asociación de empresas de gran consumo plantea una estrategia compartida entre Administraciones Públicas, mutuas, sindicatos y empresas y propone crear un espacio "estable" de colaboración público-privada que permita "identificar buenas prácticas, evaluar medidas y avanzar hacia soluciones coordinadas", explica en un comunicado.
En el ámbito institucional, plantea implementar medidas destinadas a reforzar la atención sanitaria pública y reducir los tiempos de espera en consultas, pruebas e intervenciones; mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información, ampliar gradualmente el papel de las mutuas en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes, modernizar el marco regulatorio y reforzar el diálogo social y la negociación colectiva.
Desde las empresas, la contribución podría realizarse mediante programas integrales de salud y bienestar, el refuerzo del liderazgo de los mandos intermedios, el seguimiento individualizado de los procesos de larga duración, la adaptación tecnológica y organizativa de los puestos de trabajo y el intercambio de información y buenas prácticas, recoge el estudio.
Por último, el Observatorio concluye que la reducción del absentismo "evitable" requiere una respuesta coordinada y basada en datos, con mecanismos que permitan medir los resultados y ajustar las medidas cuando sea necesario, mientras que Aecoc defiende que mejorar la gestión de las ausencias y garantizar la protección de quienes están enfermos son objetivos "compatibles", que deben abordarse mediante la cooperación institucional y la corresponsabilidad de todos los agentes implicados.
