Sevilla dice que la Administración debería ser la "avanzadilla" de un plan de jubilaciones flexibles que pueda extenderse a todo el país
MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -
Cuatro de cada cinco empleados públicos, el 80%, apoyaría la puesta en marcha de un plan de jubilaciones anticipadas en la Administración, y más de la mitad considera que la edad legal de jubilación debería ser anterior a los 65 años, siendo la media ideal los 61 años, según datos de una encuesta que realizó el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a más de un millar de funcionarios entre enero y marzo de este año.
Durante su intervención en los 'Desayunos Informativos de Europa Press', el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, avanzó algunos datos de esta encuesta y habló también de su propuesta de llevar a cabo un plan de prejubilaciones dentro de la Administración.
Sevilla reconoció que este asunto, que está debatiéndose con los sindicatos, ha generado "cierta preocupación" en otras áreas del Gobierno, tanto por el coste económico que supondría como por su "incompatibilidad" con los deseos del Ejecutivo (en concreto del Ministerio de Trabajo) de restringir las jubilaciones anticipadas en la economía española.
No obstante, el ministro subrayó que, "una empresa tan especial como es la Administración Pública", debería ser un modelo de lo que se conoce como jubilación flexible. "Debemos ser capaces de arbitrar medidas para que desde los 61 a los 70 años haya distintas fórmulas de jubilación flexible, incluyendo la jubilación parcial que reivindican los sindicatos", manifestó.
Ahondando en esta idea, Sevilla dijo que la Administración debe convertirse en la "avanzadilla" de un plan de jubilación flexible que pueda extenderse al conjunto del país.
RETRIBUCIONES LIGADAS AL RENDIMIENTO.
La encuesta del CIS aborda también otra cuestión significativa que, en el marco del futuro Estatuto del Empleado Público, está siendo objeto de negociación con los sindicatos, las comunidades y los partidos políticos: la de ligar el sueldo al desempeño profesional.
Según los datos del estudio, el 90% de los funcionarios opina que las retribuciones deberían ir vinculadas al rendimiento y la calidad del trabajo efectuado. Recientemente, el ministro Sevilla explicó la intención del Gobierno de que los empleados públicos sean sometidos a evaluaciones periódicas para hacer depender de ellas una parte de sus retribuciones y su continuidad o no en el puesto de trabajo.
En el caso de que no rindan en los puestos que tienen asignados, Sevilla indicó que se les podría apartar de los mismos y cambiarles a una nueva tarea, sin perder por ello su condición de funcionarios. Preguntado hoy por quién se encargará de evaluar que el trabajo se cumple, Sevilla señaló que en dicha evaluación tendrá que haber participación sindical, al menos a la hora de definir los criterios con los que se realizará la evaluación y cuáles serán las consecuencias de la misma, "tanto buenas como malas".
Ahora bien, el ministro sí se mostró contrario a que los sindicatos puedan participar en los órganos de selección de personal, o a que sean ellos quienes analicen el desempeño del personal funcionario. "Nuestra posición es no, pero eso se está discutiendo en la negociación", subrayó.
APOYO MAYORITARIO AL PLAN CONCILIA.
Además de estas cuestiones, la encuesta refleja también que el Plan Concilia es la iniciativa de las llevadas a cabo por Sevilla que más repercusión ha tenido entre los empleados públicos. El 94% conoce este Plan y el 85% lo apoya. Le sigue la elaboración del Estatuto de la Función Pública, que respaldan el 69% de los funcionarios.
En general, los funcionarios encuestados tienen sentimiento de servicio a los ciudadanos, muestran un elevado grado de satisfacción con su trabajo, no desean pasar al sector privado, eligen la Administración General del Estado preferentemente por la seguridad en el empleo, y son conscientes de la escasa valoración social de su trabajo.
Además, el sondeo del CIS revela que una mayoría de funcionarios consideran que no están retribuidos adecuadamente, tienen más titulación de la exigida para sus puestos y piden cambios en la carrera profesional.
