MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -
El sindicato de funcionarios CSI-F ingresó 22 millones de euros en 2012, de los que 15,6 millones, el 71,2% del total, procedió de las cuotas de asociados y afiliados y otros 4,8 millones, el 21,9%, procedió de subvenciones finalistas para formación (3,8 millones) y para la actividad sindical (971.376 euros).
Los 1,4 millones restantes, el 6,7% del total, correspondieron a ingresos por servicios prestados (primas de seguro, alquileres, asesorías o formación sin cargo a subvenciones).
Así figura en los resultados de la auditoría externa de las cuentas de la organización correspondientes al pasado año, que publica este miércoles en su página web el sindicato, coincidiendo con la aprobación en las Cortes de la Ley de Transparencia.
Por el lado de los gastos, el sindicato presidido por Miguel Borra destinó el pasado año 1,9 millones de euros a personal, 6,1 millones de euros a gastos de actividad corriente y 11,6 millones a otro tipo de cargas, como arrendamientos y cánones (1,3 millones), servicios de profesionales independientes (1,2 millones), publicidad, propaganda y relaciones públicas (1,7 millones) o suministros (1,2 millones).
Además, el coste de los servicios bancarios o similares se situó en 116.906 euros y el del pago de tributos, en 113.247 euros.
Considerando además los ingresos y gastos financieros, que dan lugar a un montante negativo de 433.109 euros, y descontados los impuestos sobre los beneficios, CSI-F obtuvo en 2012 una ganancia de 1.109.218 millones de euros.
Dentro del balance, el sindicato cuenta con unas deudas a largo plazo de 11.993.084 euros, de los que la mayor parte, hasta 11.0987.605 euros, es con entidades de crédito.
CSI-F QUIERE DISIPAR DUDAS SOBRE LOS SINDICATOS.
Según indica CSI-F en un comunicado, la publicación de estas cuentas un año antes de la aplicación de dicha ley demuestra que el sindicato, que cuenta con 147.500 afiliados, "es una organización transparente, en regla y sin riesgos de financiación".
"La situación económica y social, la crisis que afecta a las instituciones económicas, financieras y, en líneas generales, a las instituciones democráticas, hacen preciso un ejercicio de responsabilidad de los poderes públicos y agentes de la sociedad civil para generar credibilidad hacia los ciudadanos, reforzar y regenerar las instituciones y, en definitiva, fortalecer la democracia", añade.
En este sentido, CSI-F insta a avanzar en la redacción y desarrollo de una Ley de Financiación de los Sindicatos "que elimine cualquier sombra de duda en la gestión de unas organizaciones básicas para el funcionamiento de la democracia".
