MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) destinó el año pasado un total de 7,3 millones de euros en ayudas a los demandantes de empleo que, por un puesto de trabajo, se vieron obligados a cambiar su residencia habitual, según datos del Gobierno recogidas en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso Europa Press.
Esta cantidad incluía ayudas a fondo perdido para la búsqueda de vivienda, así como gastos de indemnización por traslado de domicilio y gastos de transporte y desplazamiento. Para 2005, el presupuesto del Inem contempla una cantidad similar en esta materia a la destinada en 2004.
En su respuesta, el Ejecutivo expresa su "firme voluntad" de articular las medidas necesarias para favorecer la movilidad geográfica y profesional, siguiendo las recomendaciones que Bruselas ha realizado a España.
En este sentido, recuerda que se ha propuesto poner en marcha un plan global de modernización de los servicios públicos de empleo, con la participación de comunidades y agentes sociales, a fin de mejorar la eficacia del Inem en la detección de las necesidades geográficas y profesionales y en la casación acuerda entre ofertas y demandas de empleo.
Otra de las líneas que el Gobierno considera esencial para favorecer la movilidad laboral es lograr una adecuada capacitación de los recursos humanos. Con este objetivo, y en respuesta a las necesidades del modelo productivo español, el Ejecutivo está diseñando un nuevo sistema de formación profesional para el empleo, estructurado en dos subsistemas.