MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRES) -
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, aseguró hoy que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), propuesta esta semana por los sindicatos al Gobierno, tendrá un "impacto cuantitativo muy pequeño", ya que sólo unos 130.000 trabajadores lo cobrarán directamente.
En declaraciones a Punto Radio recogidas por Europa Press, Méndez afirmó que este incremento supone una propuesta "moderada" y "beneficiosa", además de compatible con el crecimiento de la economía.
Así, consideró que esta modificación del salario mínimo contribuirá indirectamente a aumentar "el suelo de los salarios de España" y será un "acicate" para el cambio de patrón de crecimiento económico que desean, a su juicio, tanto sindicatos como el Ministerio de Economía y Hacienda.
Por otro lado, Méndez afirmó que para mejorar la situación de los trabajadores con salarios más bajos también es necesario crear empleo con mayor valor añadido, lo que iría aparejado a mejores retribuciones.
NECESARIA BAJADA DE TIPOS.
Méndez indicó también que, frente a la situación de endeudamiento de las familias españolas, sería conveniente que el Banco Central Europeo (BCE) bajase los tipos de interés, actualmente situados en el 4%.
Además, aseveró que el Gobierno debería facilitar el acceso a la vivienda en mejores condiciones. "Es importante incentivar, modificar y disponer ayudas directas para el alquiler, proteger a los arrendadotes, aumentar la construcción de VPO y mejorar la protección social", apuntó en este sentido.
Además, el secretario general de UGT se refirió al Estatuto de Trabajo Autónomo, que entrará en vigor mañana, del que dijo acabará con una situación de "discriminación incomprensible", en la que actualmente se encuentran casi 4 millones de trabajadores.
"Los trabajadores autónomos han tenido una falta de protección total durante toda la Democracia, por lo que Estatuto resuelve una discriminación histórica que había respecto al trabajo asalariado", indicó Méndez para concluir a renglón seguido que el documento supone "un paso importante para la equiparación de derechos en términos sociales y también en establecer un marco jurídico fiscal que proteja el trabajo autónomo".
