Economía/Laboral.- La OMPI da la razón al Gobierno español y le reconoce la propiedad del dominio 'seguridadsocial.es'

Actualizado: jueves, 9 julio 2009 12:22

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha reconocido al Gobierno español como legítimo propietario del dominio de Internet 'seguridadsocial.es', informó hoy el Ministerio de Trabajo e Inmigración en un comunicado.

Para que los ciudadanos identificaran de manera clara y sin margen de error el acceso virtual a su web, la Seguridad Social inició un proceso de detección de los nombres de dominio que podían dar lugar a confusión por semejanza terminológica o por disponer de contenidos iguales.

Una vez identificados los titulares de dichos nombres y tras diversas conversaciones, se consiguió que tres de cuatro transmitieran gratuitamente a la Seguridad Social tales nombres de dominio, y en el otro caso, que eliminara de su web cualquier vinculación a la de la Seguridad Social.

Posteriormente, se identificaron más dominios con semejanza o contenidos idénticos, aunque solo uno, 'seguridadsocial.es', había sido registrado y fue el único que no aceptó la transmisión gratuita del dominio.

Ante esto, las entidades gestoras de la Seguridad Social interpusieron demanda ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, y ahora, tras la resolución dictada por el Centro, deberá transferir dicho dominio a la Seguridad Social española.

En la decisión del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI ha pesado el hecho de que muchos de los trámites obligatorios con la Administración Pública se realizan a través del llamado 'sistema Red' de la Seguridad Social, por lo que resultaba especialmente preocupante que existiera un posible riesgo de confusión en temas tan sensibles como la protección social de los ciudadanos.

Además, la Ley General de la Seguridad Social establece que no se puede utilizar la denominación 'Seguridad Social', salvo con la expresa autorización del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Con estos fundamentos, la Administración Pública española ha demostrado, a juicio de la OMPI, ser titular del derecho exclusivo al uso del término y propietaria, por tanto, del dominio reclamado.