MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
El plan de pensiones de los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE), el mayor fondo de España, con más de medio millón de partícipes, cuenta ya con un volumen gestionado de más de 200 millones de euros, tras realizarse la tercera aportación anual, según informó hoy el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP).
La media de los derechos consolidados de los partícipes en el plan alcanza actualmente los 400 euros. De esta forma, cuando se llegue a la edad de jubilación y estableciendo una media de 30 años de servicio, los empleados públicos que dejen de estar en activo percibirían el equivalente a un año de pensión de clases pasivas o de Seguridad Social.
El origen del plan de pensiones de la AGE se halla en un acuerdo social, que dio origen al fondo de pensiones en octubre de 2004. Nació con el propósito de complementar las pensiones públicas en "la mayor empresa del país", la Administración General del Estado.
El MAP destacó en un comunicado que con esta iniciativa se daba cumplimiento a las recomendaciones europeas de la OCDE de tratar de complementar las pensiones públicas con el ahorro privado, y siempre en la idea de mantener en lo posible el poder adquisitivo de los jubilados de la Administración General del Estado.
VENTAJAS.
El plan de pensiones de la AGE tiene algunas ventajas sobre otros productos de ahorro. En primer lugar, cada uno de los partícipes tiene una parte individualizada dentro del fondo (lo que se denominan derechos consolidados) y, por tanto, no depende de la entrada de nuevos partícipes en el sistema.
Otra ventaja se refiere al ahorro en las comisiones de gestión y depósito para los partícipes que movilicen recursos desde otros planes de pensiones. La entidad gestora actual del plan cobra por ello un 0,60% frente al 2,5% de las comisiones vigentes en el mercado en algunos casos.
El plan de pensiones de los funcionarios cuenta con una Comisión de Control para supervisar su funcionamiento, compuesta por 22 miembros, 11 de los cuales representan a los promotores (Ministerios y organismos públicos) y otros 11 a partícipes y beneficiarios, designados por la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.
