MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PSOE y el PP quieren que las enajenaciones de inmuebles por parte de la Tesorería de la Seguridad Social sean "plenamente transparentes" para garantizar la protección tanto de los intereses públicos como los de los arrendatarios, tras la polémica suscitada hace unas semanas por este asunto y que forzó incluso la comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.
Con este objetivo, ambas formaciones han presentado varias propuestas de resolución, a las que tuvo acceso Europa Press, sobre el 'Informe de Fiscalización de la Contratación celebrada durante el ejercicio 2005 por la Tesorería General de la Seguridad Social', elaborado por el Tribunal de Cuentas, y que serán debatidas mañana en el Congreso por la Comisión Mixta pertinente.
El máximo organismo fiscalizador denunció "falta de transparencia" en la fijación de los precios de venta de inmuebles por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, que resultaban "muy inferiores" a los precios de mercado a favor de sus arrendatarios, llegando a suponer un 29% de los precio libres.
Así, el POSE quiere que la Tesorería publique en el BOE las resoluciones de adjudicación de estas operaciones, así como que "estudie medidas que pudieran incrementar la transparencia" en las actuaciones, de forma que "al tiempo que se vela por la salvaguarda" de los derechos e intereses patrimoniales públicos, puedan ser tenidos en cuenta también los "legítimos intereses de los arrendatarios".
Más contundente se muestra el PP, que exige directamente al Ministerio de Trabajo e Inmigración que establezca unos "criterios objetivos" de carácter previo al inicio de cualquier proceso de enajenación, especialmente aquellos arrendados, y que tanto la Tesorería como "cualquier empresa o servicio público" que intervenga se ajuste a los principios de legalidad y eficiencia en la defensa de los intereses públicos.
LAS SUBASTAS LIBRE NO BENEFICIAN A LA ADMINISTRACIÓN
Según el Ministerio de Trabajo e Inmigración, al seguir las instrucciones del Tribunal de Cuentas de enajenar los inmuebles a "precios de mercado", el porcentaje de adjudicaciones desiertas en las subastas se elevó desde el 55,36% en 2006 al 82,28% en 2008, año en el que además se registró una caída de la recaudación de 21 millones de euros lo que, a juicio de Granado, demuestra que "no siempre se beneficia a la administración".
Granado ha defendido en varias ocasiones que las enajenaciones se dan a precios "naturalmente más bajos que si las viviendas estuvieran vacías" porque el organismo ha "preferido" destinarlas a sus arrendatarios, que pagan un "precio muy módico" y tenían derecho a "todas las transmisiones legales" de herencia con una expectativa de periodos de ocupación dilatados, "antes que desahuciarlas" y venderlas más caras.
El secretario de Estado aportó datos de venta de viviendas que se remontan hasta 1996, año en que las ventas se produjeron a un precio de 39.154 euros por vivienda. En 2005, año fiscalizado por el Tribunal Constitucional, el precio fue de 157.368 euros. Este dato contrasta con el de dos años antes (2003) cuando el precio medio fue 3.005 euros. En este sentido, aseguró que estas operaciones no han perjudicado de ninguna manera a las arcas de la Seguridad Social.
