MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El coste de las cargas administrativas para las empresas supera los 48.000 millones de euros, lo que equivale al 4,6% del PIB, porcentaje superior a la media de la UE (3,6%), según datos de la CEOE, que ve en ello uno de los principales problemas para la mejora de su competitividad.
Los empresarios incluyen entre sus "máximas prioridades" la supresión de muchas de estas barreras y así lo harán constar entre las propuestas 'anticrisis' que presentarán en la conferencia de empresarios del próximo día 2 de diciembre, coincidiendo con el día en que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defenderá la Ley de Economía Sostenible en el Congreso.
Así lo constató el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, durante la inauguración de unas jornada sobre la materia organizada por la patronal, en la que advirtió del "riesgo" de que estas cargas se incrementen en un futuro por los procesos normativos abiertos.
A su juicio, la actual coyuntura "exige un cambio de mentalidad; de la desconfianza y el certificado a la confianza y la responsabilidad". Con este ánimo, se felicitó por los convenios firmados entre la Administración y las organizaciones empresariales CEOE-Cepyme, que ya están dando frutos y que darán lugar a un nuevo convenio para los años 2010-2012, que perseguirá la reducción de las cargas administrativas en un 30%.
Por lo pronto, en una primera fase del proyecto de análisis de las cargas soportadas por las pymes, se ha identificado que el 71% de estas empresas sugiere una mejora en la coordinación entre administraciones y empresas y la optimización de los medios telemáticos.
Además, las áreas de estadísticas, contratos con las administraciones y de medio ambiente reciben las peores valoraciones, siendo las empresas de entre 250 y 500 y entre 500 y 1.000 trabajadores las que más recelan de las cargas administrativas.
YA SE HAN CUANTIFICADO ALGUNOS AVANCES.
Por su parte, la secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, coincidió en que la reducción de estos obstáculos es un "instrumento clave" para la mejora de la competitividad en el contexto de un mercado global, en especial para las pymes, que "soportan en mayor medida la presión competitiva". "No se trata de regular menos, sino mejor", apostilló.
Por su parte, la directora general de Convenios de Colaboración del Ministerio de la Presidencia, Carmen Román, indicó que ya se han evaluado desde agosto de 2008 hasta 81 medidas, con un coste estimado de 586 millones de euros, de las que se han reducido cargas en el 70%.
Por último, el director de la delegación de la CEOE en Bruselas, Isaias Rodríguez, indicó que con la presidencia española de la UE a la vista, España se enfrenta a un "objetivo ambicioso" de reducción de cargas administrativas e indicó que la mejora del entorno regulario debe estimular la innovación, mejorar la competitividad y explotar plenamente el potencial del mercado europeo.