Expertos proponen una "IT parcial" para permitir un retorno gradual al empleo tras bajas prolongadas

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Economía y Salud ha elaborado un informe sobre la incapacidad temporal en España (IT) en el que propone un paquete urgente de medidas de reforma para modernizar la gestión de las bajas laborales y atajar el impacto económico que generan en las cuentas públicas y en las empresas.

El informe, elaborado por distintos expertos, sugiere entre sus medidas la puesta en marcha de dos figuras para la reincorporación progresiva al trabajo tras bajas prolongadas: la "IT parcial", que permitiría el trabajador mantener parte de su jornada adaptándola a su estado de salud, y la reincorporación progresiva tras el alta, con adaptaciones temporales del puesto o de la carga de trabajo.

El documento ha sido coordinado por Vicente Pallarés-Carratalá, especialista en Medicina Familiar y Profesor Titular de Medicina en la Universitat Jaume I de Castellón, y en él han participado diversos catedráticos y expertos, como el exsecretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.

Los expertos argumentan que este tipo de figuras intermedias, inexistentes en el ordenamiento español, se aplican en los países nórdicos y en Países Bajos desde hace décadas y ayudan a reducir la duración de las bajas y a prevenir recaídas.

La propuesta está pensada para que, tras sufrir bajas prolongadas como pueden ser las causadas por procesos oncológicos, el trabajador pueda reintegrarse de forma paulatina a su empleo, evitando el impacto abrupto de afrontar una semana completa de 40 horas después de meses de ausencia.

El documento defiende la necesidad de superar de forma amplia la actual dicotomía de "trabajar o no trabajar" mediante la introducción de estas figuras intermedias que, por otra parte, también han sido sugeridas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones bajo lo que en su día denominó 'baja flexible o alta progresiva'.

REEQUILIBRAR EL COSTE DE LAS BAJAS ASUMIDOS POR LAS EMPRESAS

Según el informe, el sistema actual distribuye la carga económica de las bajas de una manera que desalinea los incentivos de las empresas con respecto a la prevención real.

Así, expone que en las contingencias comunes (enfermedades o accidentes comunes), "dolencias extralaborales sobre las que la empresa no tiene control ni capacidad de prevención directa", la normativa obliga paradójicamente a la empresa a pagar directamente el coste íntegro de la prestación entre el cuarto y el decimoquinto día de baja.

En las contingencias profesionales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), "que sí guardan una relación directa con las condiciones de seguridad y salud del centro de trabajo y donde la empresa sí puede actuar de forma determinante", la Seguridad Social (o la mutua) asume el coste de la prestación económica desde el segundo día.

El informe sostiene que este diseño genera una paradoja económica: a la empresa le resulta más costosa una baja por enfermedad común que una de origen profesional.

De este modo, los expertos entienden que, al trasladarse la responsabilidad financiera de los riesgos laborales al sistema público desde fases muy tempranas, se debilita el incentivo económico para que las empresas inviertan de forma decidida en mejorar la prevención primaria de los accidentes de trabajo. Al mismo tiempo, consideran que se penaliza a las empresas cargándoles con costes directos de dolencias totalmente ajenas a su actividad laboral.

Por ello, plantean una reordenación completa de este esquema de financiación para que las empresas que no inviertan en entornos laborales seguros asuman una mayor responsabilidad en el coste de las contingencias profesionales, y evitar que se cargue de forma injustificada a las empresas con la factura directa de las contingencias comunes.

Para dar viabilidad a este reequilibrio financiero, los autores sugieren explorar fórmulas inspiradas en modelos internacionales, como mecanismos de cotización variables o 'bonus-malus' vinculados al comportamiento y la siniestralidad real de cada empresa en materia de absentismo, beneficiando con cotizaciones reducidas a aquellas empresas que demuestren entornos más saludables y menores tasas de bajas laborales.

UN COSTE DEMASIADO ELEVADO

El informe revela la magnitud del problema de la IT, cuyo coste, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), alcanzó los 33.000 millones de euros en 2025 en prestaciones por contingencias comunes, lo que equivale aproximadamente al 1,4% del PIB y supone un aumento de más del 60% en la última década.

Este volumen se reparte prácticamente a partes iguales entre la Seguridad Social y las empresas.

No obstante, el informe advierte de que el coste total de la IT para la economía española asciende notablemente si se consideran los costes indirectos.

Tomando como base un informe de la mutua Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), el impacto económico global se cifró en 81.574 millones de euros en 2023, equivalente al 5,4% del PIB.

En dicho año, las prestaciones abonadas por las mutuas y entidades gestoras supusieron 13.081 millones de euros (un 16% del total), el coste directo soportado por las empresas sumó 12.245 millones (15%) y los costes indirectos -asociados a la sustitución, caída de productividad y fricciones organizativas- alcanzaron los 56.248 millones de euros, concentrándose en las pymes.

^ PROPUESTAS

Frente a este escenario de saturación y riesgo para la sostenibilidad financiera, el informe realiza propuestas adicionales a la ya mencionada de la "IT parcial".

Así, los expertos abogan por acabar con la fragmentación institucional mediante una estrecha coordinación entre los Servicios Públicos de Salud (SPS), el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las mutuas colaboradoras y los servicios de prevención. En concreto, proponen avanzar hacia modelos donde la información clínica y la funcional se integren, facilitando que el flujo de datos sea interoperable entre administraciones.

Asimismo, sugieren otorgar una mayor capacidad de intervención a las mutuas y a los servicios de prevención de las empresas para que puedan efectuar revisiones periódicas, formular propuestas de alta justificadas y agilizar la realización de pruebas diagnósticas y procesos de rehabilitación con el fin de ajustar la duración de las bajas.

Los expertos que han elaborado el informe denuncian la desconexión existente entre el médico que emite la baja en atención primaria y la realidad laboral del paciente. Para solucionarlo, proponen el uso sistemático de la Ficha de Evaluación de Requerimientos del Trabajo (Ficha Ocupacional), que detalla las tareas y exigencias físicas reales del puesto, permitiendo una valoración clínica basada en la funcionalidad real.

Asimismo, plantean revisar el papel de las mejoras voluntarias pactadas en la negociación colectiva (que en muchos casos garantizan el 100% del salario desde el primer día) para evitar que neutralicen el incentivo económico al retorno al trabajo en las bajas de muy corta duración y reorientarlas hacia procesos graves y prolongados.

Con el fin de construir un diagnóstico común y realizar un seguimiento multidisciplinar estandarizado de los datos, causas y resultados de las bajas en España, proponen crear un observatorio de la IT.

En definitiva, los coordinadores y autores del documento urgen a alcanzar un pacto de Estado integral en la materia que involucre al Gobierno, comunidades autónomas, mutuas, organizaciones sindicales y empresariales para evitar un deterioro del sistema.