MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros de este jueves ha remitido al Congreso de los Diputados el proyecto de Ley en el que, además de incentivos al trabajo autónomo, se establecen medidas para facilitar de nuevos socios a las entidades de la economía social, apoyar a estas entidades y facilitar a los trabajadores con mayores dificultades su incorporación al mercado laboral.
De esta forma, el ministerio de Empleo bonificará con 800 euros anuales a lo largo de tres años (2.400 euros) a aquellas personas que se incorporen como socios a cooperativas o sociedades laborales de la economía social, cuantía que ascenderá 1.650 euros durante el primer año para los menores de 30 años o 35 años con discapacidad (3.250 euros en total).
Asimismo, el texto mantiene las bonificaciones a favor de las empresas de inserción, cuando contraten personas en situación de exclusión social, por una cuantía de 850 euros al año, durante un máximo de tres años o de 1.650 euros para los supuestos de menores de 30 años o de 35 años en el caso de personas con discapacidad reconocida del 33%.
Para facilitar la transición de los trabajadores desde las empresas de inserción a la empresa ordinaria, se amplía la bonificación existente en las cuotas empresariales por la contratación de dichos trabajadores.
De este modo, en el caso de que una empresa ordinaria contrate a un trabajador procedente de una empresa de inserción, podrá beneficiarse de bonificaciones en sus cotizaciones sociales durante cuatro años: 1.650 euros durante el primer año y 600 euros cada año durante los tres siguientes si la contratación es de tipo indefinido, o 1.650 euros durante el primer año y 500 euros los siguientes si se trata de una contratación temporal.
En otro orden de cosas, el proyecto de Ley reconoce a los centros especiales de empleo, a las empresas de inserción, cooperativas y a las sociedades laborales, como entidades prestadoras de servicios de interés económico general. Ello les permite acceder a subvenciones de hasta 500.000 euros en tres años. Asimismo, se amplían las reservas de participación previstas en los procesos públicos de licitación.
Las cooperativas y sociedades laborales dan empleo directo en España a casi 335.000 personas y los centros de empleo y las empresas de inserción emplean a más de 75.000 trabajadores, a los que hay que sumar los del resto de fórmulas de la economía social, como las fundaciones, las asociaciones, las mutualidades o las cofradías de pescadores.
