Archivo - El primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten - Michael Kappeler/dpa - Archivo
MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Países Bajos ha anunciado una iniciativa de optimización del gasto público, recortando regulación e invirtiendo en inteligencia artificial (IA), con la que aspira a reducir 25.000 puestos de funcionarios públicos hasta 2035, lo que supondría un recorte de 3.500 millones de euros en el presupuesto público.
El plan del Ejecutivo neerlandés pasa por reducir en 900 millones de euros el gasto público en 2027 y alcanzar para 2035 la cifra de 3.500 millones. Sin embargo, ha aclarado que no todos los empleos públicos se verán afectados, ya que blindarán a la policía y al sector de la defensa.
"No podemos seguir haciendo lo mismo. (...) debemos reducir significativamente los gastos de la administración. Por eso, vamos a tomar decisiones difíciles para lograr un gobierno central que funcione de verdad: más sencillo, más eficiente y más pequeño", ha indicado Eric van den Burg, secretario de Estado para una Administración Eficaz.
De esta manera, el Gobierno liderado por Rob Jetten aplicará la tecnología y la IA para gestionar recursos de manera más eficiente, entre ellos los espacios de trabajo, lo que ya ha permitido cerrar edificios "innecesarios". En esta línea, presentarán en el primer trimestre de 2027 objetivos y planes de ahorro para la implementación de la IA con el fin de aumentar la productividad.
Otra de las patas de esta reducción del gasto público se centra en reducir y eliminar parte de la regulación para residentes, profesionales y empresas a través de una Ley de Simplificación, que también limitará la capacidad de imponer nuevas reglas y normas.
"El gabinete quiere que los residentes y las empresas dediquen menos esfuerzo, tiempo y dinero a trámites regulatorios innecesarios. Ya se ha anunciado que el Gobierno central eliminará o simplificará al menos 500 regulaciones al año", reza el comunicado emitido.
El recorte también afectará al número de órganos consultivos y comités asesores, así como reducir el número de evaluaciones políticas. "En las últimas décadas se han creado numerosos organismos encargados de auditar, supervisar y asesorar. Esto genera una gran cantidad de trabajo innecesario y dificulta la resolución de problemas sociales complejos", han explicado.
