MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
El PP considera que la reforma del artículo 315.3 del Código Penal aprobada el año pasado, que permite condenar a penas de cárcel a quienes coaccionen a otros para iniciar o continuar una huelga, hace las penas "más proporcionadas", ya que da potestad al juez para que sustituya la cárcel por multas pecuniarias o para que suspenda las penas, reduciéndolas además por debajo de los dos años para que quien no tenga antecedentes no vaya a prisión.
Así lo ha defendido la diputada 'popular' María Jesús Bonilla en la Comisión de Justicia del Congreso, donde el PSOE ha presentado una proposición no de ley reclamando la derogación de dicho artículo y la paralización de todas las reformas penales, administrativas y laborales "orientadas a criminalizar a las organizaciones sindicales y a desarticular la negociación colectiva".
"Lamento que se hayan vertido manifestaciones que no son ciertas", ha recriminado Bonilla, recordando que la referencia a los piquetes en el Código Penal fue introducida por un Gobierno socialista en 1995 y que, desde entonces, el PSOE no ha modificado este precepto en ningún momento, "ni siquiera en la reforma de 2010, cuando se tocaron 150 artículos del Código Penal".
REDACCIÓN "MÁS FAVORABLE"
Además, la diputada del PP ha asegurado que tras la reforma del año pasado el artículo tiene una redacción "más favorable" a los trabajadores, ya que se superan los "déficits de proporcionalidad" que presentaba hasta ahora, garantizando la defensa a un derecho fundamental como es el de hace huelga a la par que se "castiga" a quien utiliza "maneras coercitivas".
En este sentido, Bonilla ha rechazado de plano la posibilidad de "proteger" acciones "violentas graves" de quienes intentan "doblegar la voluntad" de los demás para que participen en una huelga. "No cuestionamos que la huelga es un derecho fundamental que hay que proteger, pero ¿tiene que ser protegido su ejercicio violento?", se ha preguntado, recordando que la "libertad para trabajar o la integridad de la persona" también son derechos fundamentales.
Finalmente, la diputada 'popular' ha recordado que el Código Penal también castiga a quienes "tratan de impedir o limitar" el ejercicio de huelga y que el Ministerio Fiscal "actúa con criterios de legalidad y objetividad" y no intenta "privar a los ciudadanos de un instrumento legítimo" como éste. "Y el PP se siente muy orgulloso de todas las acciones de este Gobierno dirigidas de manera clara a garantizar el libre ejercicio y mejora de los derechos de todos", ha concluido.
EL PSOE LO DEROGARÁ
Sin embargo, el socialista Manuel de la Rocha ha insistido en que "tras una legislatura de sucesivos recortes de derechos" el Gobierno ha intentado "intimidar y debilitar a los trabajadores" agravando el delito de coacciones, en lo que supone "violentar gravemente" el derecho fundamental a la huelga.
Además, ha acusado al Ministerio del Interior, a la Policía y al Ministerio Fiscal de "cuestionar y criminalizar sistemáticamente" a los piquetes con sus informes, en los que una y otra vez solicitan penas de prisión de más de tres años para los trabajadores por "causas políticas", lo que ha afectado ya a más de 260 sindicalistas.
"¿Por qué, si nunca se aplicaba (el artículo 315.3), ahora se aplica de forma sistemática?", se ha preguntado, recordando que los límites a los derechos fundamentales han de ser "interpretados siempre de forma restrictiva" y remarcando que las penas previstas para el delito de coacciones ya eran "suficientes para erradicar las actuaciones violentas". "Si no derogan ese artículo, lo haremos nosotros cuando gobernemos", se ha comprometido.
SOBRESEER LOS CASOS ABIERTOS
Ricardo Sixto, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), coincide en que la iniciativa está "justificada" ante la "persecución" contra los sindicalistas y los trabajadores que ha protagonizado este Ejecutivo, a pesar de que "el problema" real es el que plantean los que impiden ejercer el derecho de huelga "presionando con el despido" a sus trabajadores.
"Ése es el derecho que hay que proteger sobre todo", ha insistido, reclamando que se sobresean todos procedimientos "de marcado carácter político" abiertos contra "numerosas personas" que en los últimos años han participado en diferentes huelgas, sobre todo las huelgas generales.
Por UPyD, Julio Lleonard se ha mostrado de acuerdo con la proposición no de ley salvo en lo que respecta a derogar el artículo del Código Penal, alegando que lo correcto es "modificarlo para proteger los derechos de quienes no quieren hacer huelga", tal y como sucedía hasta ahora.
"PISOTEAN" DERECHOS FUNDAMENTALES
La convergente Lourdes Ciurò también acusa al Ejecutivo 'popular' de haber "pisoteado de forma sistemática" derechos fundamentales durante toda la legislatura, y ha lamentado el modelo imperante en estos cuatro años, contra el que todos los grupos parlamentarios se han "desgañitado".
"Y parece que no estamos solos, porque en la calle parece que tampoco gusta la forma de ejercer la mayoría absoluta del PP", ha advertido, criticando la "judicialización de cuestiones políticas" o el "franco retroceso" que han sufrido los derechos fundamentales y lingüísticos de los ciudadanos.
Tampoco a Emilio Olabarria (PNV) le gusta la redacción actual del artículo 315.3 del Código Penal, que prevé una pena "desmesurada" en relación a un delito que ya tenía un "reproche punitivo más que suficiente" con el delito de coacciones. "Se ha perdido la progresión", avisa, calificando de "alevosa" la reforma aprobada por el PP el año pasado.
Tras reconoce que muchas veces los piquetes usan técnicas cercanas al "la letra con sangre entra", el nacionalista vasco ha coincidido en que este cambio legislativo va "contra la Constitución y contra las grandes movilizaciones sociales" y huelgas ocurridas esta legislatura en protesta por las "reformas contra los derechos" que ha aprobado el Gobierno.
REFORMA DE 2014
Desde que entró en vigor la reforma del Código Penal de 2014, las penas de cárcel para quienes "mediante el engaño o abuso de situación de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga" se reducen de la horquilla de seis meses a tres años y medio, a entre seis meses y dos años. Es decir, bajan aunque siguen por encima de las que se aplican a quienes impiden o dificultan ejercer la huelga.
Por su parte, las cuantías de las multas se mantienen, aunque haciéndose incompatible aplicar ambos castigos, por lo que el juez debe elegir entre sancionar pecuniariamente o mandar a la cárcel a quien impida o dificulte el ejercicio de huelga.
Además, las penas agravadas ya no se aplicarán cuando los impedimentos a la huelga se realicen con "fuerza, violencia o intimidación", sino únicamente cuando se demuestre que ha habido "coacciones".
En estos casos, el castigo de cárcel posible se redujo de entre tres y cuatro años y medio de prisión a entre 21 meses y tres años, mientras que las multas se elevaron desde los entre doce y 18 meses a entre 18 y 24 meses.
También en este caso se debe optar por una de las dos modalidades de castigo, o multa o prisión. Estas mismas penas serán las aplicables a los piquetes que, en grupo o individualmente, coaccionen a otros a iniciar o continuar una huelga.
Esto supone que en todos los casos las penas máximas de cárcel a quienes impidan o limiten el derecho de huelga quedan por debajo de los dos años, por lo que una persona sin antecedentes no debe obligatoriamente ingresar en prisión.
